El Gobierno ha decidido combatir la estigmatización y falta de elección de las familias pobres que se ven obligadas a acudir a recursos públicos y privados para obtener alimentos. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto financiado con fondos europeos para entregar tarjetas monedero a en torno a 70.000 familias y mejorar el programa asistencial de los hogares que atraviesan la peor de las vulnerabilidades. La tarjeta estará dotada, en función del tamaño del hogar, con entre 130 y 220 euros al mes.

La dotación del programa será estatal, pero su gestión recaerá sobre manos autonómicas. Previamente, se otorgarán 100 millones de euros a Cruz Roja para que ponga en marcha la actuación entre abril y diciembre. De esta manera, las familias con menores en situación de pobreza severa (ingresos por debajo del 40% de la renta media) ya no se verán obligadas a esperar largas colas a la intemperie para recibir una bolsa de alimentos preasignados, sino que podrán acudir al supermercado con su tarjeta y comprar aquellos alimentos que consideren más convenientes.

Bustinduy, sobre las tarjetas monedero: "Será un modelo menos estigmatizante"

Serán los Servicios Sociales autonómicos quienes determinen que familias pueden participar en el programa y, posteriormente, podrán acudir a los centros de referencia de Cruz Roja para recibir las tarjetas. "Damos un paso decisivo para dignificar la protección social y que las familias con hijos al cargo no tengan que ir a las colas del hambre", ha destacado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. "Será un modelo menos estigmatizante y permitirá a las familias acceder directamente a productos frescos como la fruta y la verdura que, por la naturaleza del anterior sistema de reparto de bolsas, no era posible", ha añadido en la rueda de prensa posterio al Consejo de Ministros. 

La pretensión del Ejecutivo de coalición es “dignificar y normalizar” el acceso a productos básicos por parte de las familias. Un mínimo como poder elegir qué galletas comprar para el desayuno o la fruta más apetecible para merendar, elección imposible en la actualidad con la entrega de bolsas cerradas. La subvención del programa se repartirá en gastos en alimentos y productos básicos (95,5 millones) y en los costes técnicos para su implantación (4,7 millones), que completan los 100,2 millones de euros de desembolso.

Pablo Bustinduy, nuevo ministro de Derechos Sociales. EP.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, en una imagen de archivo

"Pasamos de entregar bolsas de alimentos a entregar tarjetas electrónicas o vales canjeables para que las familias tengan la capacidad de decidir qué es lo que compran, con lo que se incrementa la oferta y la posibilidad de decidir el tipo de alimentos y productos que pueden adquirir", ha ampliado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, a la agencia EFE. Si bien estas tarjetas no solventarán las necesidades de estas familias, buscan complementar y normalizar algunos aspectos de su día a día.

El periodo de desarrollo planteado son siete años y la financiación del tramo estatal del Fondo Social Europeo alcanzará los 660 millones de euros, cantidad se sitúa por encima del 3% exigido por la Comisión Europea. Por el momento, se desconocen los establecimientos en los que podrá usarse la tarjeta, pero el Departamento ya está preparando la lista de establecimientos, que deberán ser aquellos en los que el seguimiento de la compra sea posible. Además, las familias perceptoras podrán seguir recurriendo a otras ayudas sociales y los Bancos de Alimentos seguirán funcionando simultáneamente.

Requisitos y cuantías

Las familias que podrán obtener estas tarjetas son aquellas que tienen menores a cargo, sin tener que ser los adultos necesariamente sus padres, que cobren menos del 40% de renta media. La cantidad percibida oscilará entre los 130 y los 220 euros. La menor de las cuantías será destinada a los hogares formados por un adulto y un menor, cuantía que ascenderá a los 160 euros para los conformados por dos menores y un adulto o dos adultos y un menor; pasará a los 190 euros para las familias de cuatro miembros y alcanzará el máximo para las de cinco o más personas.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales aseguran que las cuantías son mayores a las percibidas con la entrega directa de alimentos, que calculan que se situaba en torno a los seis euros por persona al mes, una cantidad ínfima para personas en situación de pobreza severa. La recarga de las tarjetas se producirá en función de las necesidades de cada núcleo familiar, pudiendo ser cada mes, cada dos o cada tres meses. Estas podrán mantenerse por un periodo máximo de un año.

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