El Ejecutivo ha incluido en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha remitido a Bruselas la supresión de la reducción fiscal que tienen los matrimonios en la declaración del IRPF conjunto. Ésta supone un coste, según los últimos Presupuestos, de unos 1.000 millones de euros al año.

El Gobierno de Pedro Sánchez presenta esta iniciativa para fomentar la incorporación de la mujer al trabajo. Así se ha recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la Administración ha enviado a la Unión Europea. “Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio”, destaca en el escrito.

Asimismo, consideran que esta reducción deriva en un “desincentivo a la participación laboral del segundo preceptor de la renta (principalmente a las mujeres)”.

El Ejecutivo estima que un sistema tributario “moderno” no debería servir en exclusiva para “procurar unos ingresos que financien el gasto público”, sino que debe incidir directamente en la potenciación del “impacto de las políticas públicas”, ejerciendo como “catalizador” para rubricar “transformaciones” en el marco de la “igualdad de género, la atención a la discapacidad, la conservación del medioambiente o la protección de la salud”.

Desde el Ministerio de Hacienda han asegurado, según recoge el diario El País, que existe un consenso amplio en cuanto a la desincentivación que esta medida provoca en la entrada de la mujer al “ámbito laboral”.

La Autoridad Fiscal (AIReF) recabó, en un informe con fecha de 2020, los beneficios fiscales del sistema tributario español en el que se analizaban las ventajas y desventajas  de esta reducción del IRPF. En este estudio, se calcula que el coste que supone esta alternativa ronda los 2.300 millones de euros y el porcentaje de beneficiarios se corresponde al 18 por ciento de los contribuyentes y, a su vez, al 17 por ciento de las familias.  

El ente subraya que el beneficio fiscal se reparte de manera homogénea y no altera la desigualdad. No obstante, el coste de la recaudación se sitúa en la parte alta de la distribución. “El 10 por ciento de mayor renta genera el 19,5 por ciento del coste total del beneficio (466 millones de euros)”, destila el estudio de la AIReF.

La ayuda, por tanto, beneficia a los hogares en los que sólo existe un perceptor de rentas o, en su defecto, aquellos en los que el segundo gana poco. Por lo tanto, según el criterio de la Autoridad Fiscal, no compensa suprimir el impuesto de manera conjunto, puesto que “sí que alcanza el objetivo de adecuar el impuesto a la estructura de las rentas del hogar, especialmente en aquellos en los que casi toda la renta la obtiene un perceptor y el hogar es de renta baja”.

Sin embargo, la AIReF concluye que este beneficio sí genera un “desincentivo” a la participación de los segundos perceptores en el mundo laboral, siendo éstos, principalmente, mujeres de rentas bajas. Este hecho “acentúa los problema de la brecha de género”, según estima el organismo público.

Es precisamente este argumento sobre el que descansa la justificación del Gobierno de España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, esta tendencia se ha implantado en varios países de la Unión, donde resulta obligatorio rendir cuentas con la Hacienda Pública a título individual.

En países como Alemania o Portugal se establece un promedio entre las rentas de los cónyuges de manera que abonen una cantidad menor que si tributasen en conjunto. Por su parte, Francia se basa en un sistema de cociente familiar, en el que se dividen por el número de miembros y, por tanto, se reduce más aún el pago para las familias con mayor número de hijos.