El Gobierno, representado por Félix Bolaños, ha alcanzado un acuerdo con la Conferencia Episcopal para que la Iglesia católica pague dos impuestos de los que estaba exenta desde 2001. Con el visto bueno de la Santa Sede, la institución española pasará a pagar de nuevo el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) y las Contribuciones Especiales, gravámenes de los que estaba liberada desde hace más de 20 años. El Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del ICO en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.

Así lo refleja el comunicado unificado que han hecho público ambas partes de la negociación y que asegura que el acuerdo ha sido “fruto del trabajo conjunto”. Durante el acto de firma, a parte de los representantes del Ministerio de Presidencia, ha estado presente Bernardito Auza, embajador de la Santa Sede en España, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella. Ambas partes han asegurado que existe “una voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”.

Con esta modificación, el Ejecutivo prevé recaudar algo más de 16 millones de euros anuales que, hasta el momento, la Iglesia se ha ahorrado. La recaudación correrá a cargo de los Ayuntamientos, principales beneficiados, y los gravados serán las diócesis y parroquias. Según los datos del registro, serán más de 6.000 entidades las que tendrán que abonar estos impuestos. Este acuerdo firmado entre el Gobierno y la Iglesia el segundo de gran calado después del alcanzado a principios de 2022 sobre la recuperación de los bienes inmatriculados.

"Este acuerdo supone que los ayuntamientos, que son los encargados de recaudar estos impuestos tanto el de licencia de obra como las contribuciones especiales, recaudarán más de 16 millones de euros al año. Serán ingresos que tendrán los ayuntamientos y entidades locales", ha detallado Bolaños en el encuentro celebrado en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Exteriores. Bolaños ha enfatizado que, con este acuerdo, resultado de "un año de negociación intensa y discreta", se "terminan los privilegios fiscales de la Iglesia católica española".

"Desde hoy han terminado los privilegios fiscales para la Iglesia católica en el pago de impuestos", ha remarcado el ministro. No obstante, lo cierto es que la Iglesia seguirá sin pagar otros impuestos que sí pagan otras instituciones. La Iglesia seguirá exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aunque el ministro ha puntualizado que en este punto el trato a la Iglesia es "absolutamente equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro", las cuales tampoco tienen que pagar este impuesto.

Pese a la buena sintonía aparente, el ministro de Presidencia ha reconocido que el Gobierno tiene "algunas diferencias" con la Iglesia católica, pero ha puesto en el centro lo que les "une", la búsqueda del "bien común" y ha asegurado que quieren "seguir avanzando unidos mirando por el interés general". Según han precisado fuentes gubernamentales, el acuerdo afecta a todas las parroquias, edificios de la Conferencia Episcopal, congregaciones religiosas y colegios de estas congregaciones.

Recaudación por IRPF

Hace un mes, se oficializó la Iglesia católica española recaudó 320.723.062 euros en 2021 a través del 0,7% del IRPF, un 8,5% más (25,3 millones más) que el año anterior, cuando se recaudaron 295,4 millones de euros. Se trata de una "cifra récord", según destacaba en aquel momento el vicesecretario general para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

La Iglesia española vuelve a recuperar así la tendencia al alza que se rompió el año anterior, cuando se produjo un descenso de 5,6 millones de euros en la recaudación, una caída que la CEE achacó a la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19. El vicesecretario general para asuntos económicos de la CEE achacó en febrero este incremento al aumento de solidaridad de la población española cuando se atraviesan circunstancias difíciles, como ya ocurrió, según ha indicado, en la crisis de 2008. "Va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil como el que tenemos ahora mismo", subrayaba Giménez Barriocanal.