Mientras en España el Gobierno está a punto de cerrar una reforma de las pensiones, apoyada por los sindicatos y aprobada por la Comisión Europea, que mejora la situación de los personas más vulnerables; las calles de Francia se encuentra repletas de basura debido a las huelgas y manifestaciones convocadas como respuesta a la modificación en la misma materia que el Gobierno de Emmanuel Macron quiere aprobar este jueves. La sociedad francesa no tiene pensado aceptar una reforma que pretende ampliar la edad de jubilación y exigir más años trabajados para percibir la cuantía completa.
No obstante, la última decisión la tendrá la Asamblea Nacional, donde el presidente galo espera reunir los apoyos suficientes. Primeramente, un grupo de senadores y diputados, parte de una comisión mixta paritaria, deberá acordar este miércoles el texto definitivo que será sometido a votación. Se espera que el consenso no suponga un problema en esta instancia. Después el senado deberá volver a dar luz verde a la reforma, esta vez la definitiva. Estos no son los pasos que preocupan a Macron, sino el pleno que se celebrará mañana en la Asamblea, donde no cuenta con la mayoría cualificada suficiente para sacar adelante la norma, motivo por el que las negociaciones no dejan de sucederse.
Mientras, en las calles no hay dudas. La población francesa se niega a asumir una modificación que consideran un retroceso de derechos para los pensionistas. Los aspectos que más ampollas levantan son el aumento de la edad de jubilación, que pretende desplazarse desde los 62 hasta los 64 años, y la exigencia de un mayor periodo de cotización para percibir la cuantía de la pensión completa. En lo que respecta a esta segunda cuestión, el Ejecutivo francés pretende establecer en 2030 los 43 años como requisito para disfrutar de la totalidad de la jubilación.
Macron busca apoyos
El presidente de la República lleva varias jornadas buscando apoyos en el resto de formaciones políticas y ha llamados a la “responsabilidad de las oposiciones”, refiriéndose a los Republicanos de Aurélien Pradié, para sacar adelante la reforma. "Esta reforma es de una necesidad perentoria para el financiamiento de nuestras pensiones y la solidez del país. Tenemos una sólida mayoría", ha declarado Macron a la televisión francesa BFMTV. "Debemos llevar este discurso y apelar a la responsabilidad de las oposiciones que podrían votar por la reforma", ha añadido.
No las tiene todas consigo el actual gobierno francés, que apela a los conservadores desesperadamente. "Sería fantástico tener un partido que vote en el Senado pero no en la Asamblea Nacional", ha ironizado el ministro de Economía, Bruno Le Maire. "La cultura de la derecha es el equilibrio de las finanzas públicas", ha destacado en declaraciones a France Info. En concreto ha criticado a los diputados que ahora se oponen al texto mientras que se mostraron favorables durante la campaña presidencial. "A fuerza de incoherencias no vamos a ninguna parte", ha indicado.
El polémico artículo 49.3
Debido a la situación, las partes especulan en estos momentos con utilizar el artículo 49.3 de la Constitución para sacar a la norma. Este artículo, básicamente, plantea una especie de órdago legislativo por el que se aprueba cualquier norma a menos que se presente una moción de censura que reúna los apoyos necesarios. Si el Gobierno recurre al 49.3 "sería saltarse las reglas de la democracia" y debería esperar "reacciones", ha apunto el dirigente del sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), Olivier Mateu. La CGT ha llevado el peso principal de las siete semanas de protestas consecutivas contra la reforma de las pensiones, que apunta no finalizarán si se aprueba la reforma.
La ultraderecha se revuelve contra Macron y Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, no apoya la decisión del Gobierno francés y ha advertido que, de usarse la fórmula del artículo 49.3, su formación presentará una moción de censura para tumbar la norma. Además, también ha garantizado que votará a favor de todas las que se presenten si son para evitar este proceder. Mientras, el portavoz del Ejecutivo de Macron defiende esta posibilidad.
El 49.3 es "una herramienta constitucional [...] utilizada, reutilizada y vuelta a utilizar bajo ciertos mandatos", ha justificado, en referencia al ex primer ministro socialista Michel Rocard. En cualquier caso, ha apuntado que "no es una herramienta en la que estemos pensando". "No todos los partidos de la oposición han dicho que vayan a votar en contra", ha subrayado. Por el momento, los senadores de Los Republicanos han votado a favor de la propuesta legislativa impulsada por La República En Marcha, el partido de Macron.
