Myriam Bernal, una mujer con un 57% de discapacidad permanente y madre de un niño de cuatro años, se enfrenta al desahucio del que lleva siendo su hogar 20 años. Ronsho Team S. L., propiedad del fondo israelí Ronsho Properties, pretende desalojar a la familia monoparental, pese a su situación de vulnerabilidad. Myriam ni siquiera era consciente de que su casa había cambiado de propiedad hasta que una confirmación judicial llegó a sus manos y ahora revive los peores recuerdos del proceso turbio de desalojo que comenzó hace varios años.

La información adelantada por diario Público ha puesto sobre la mesa la evidente desprotección que sufren las familias vulnerables, expuestas a la especulación inmobiliaria. “Ignorados ocupantes de la vivienda” es como el fondo israelí define a una madre y su hijo, vecinos de Orcasitas (Madrid sur) desde hace décadas. Myriam cuenta con informes de vulnerabilidad emitidos por los servicios sociales, su única renta es el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y lleva años solicitando una vivienda social al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pero las administraciones la ignoran.

La supuesta suspensión de desahucios a hogares vulnerables prorrogada por el Gobierno central tampoco parece estar sirviendo de nada. Pese a todo esto, Myriam no se ha rendido (no puede hacerlo) y ha buscado negociar un alquiler social con el fondo, pero la única respuesta que ha recibido son ofertas insultantes (1.500 euros) para abandonar el inmueble.  El Juzgado de Primera Instancia 71 de Madrid ya dio la razón a Ronsho Team y la madre soltera espera ahora a que soliciten su desalojo.

El calvario sufrido por Myriam comenzó hace más de diez años, en 2013, cuando se separo de su pareja. En aquel momento, para no perder la casa en la que residía pidió un préstamo de 30.000 euros al mismo banco con el que tenía suscrita la hipoteca para poder pagarle la parte correspondiente a su expareja. Durante ese periodo, la crisis económica hundió su poder adquisitivo y la introducción de cláusulas abusivas disparó su cuota, llegando a cobrar 1.300 euros y pagar 1.000 euros al banco (600 euros de hipoteca y 400 de préstamo).

Myriam nunca dejó de pagar, pero una decisión incomprensible de la entidad ya desaparecida que le concedió ambos préstamos, Caja Castilla - La Mancha, le persigue. La entidad comenzó a utilizar el dinero que abonaba únicamente para amortizar el préstamo de 30.000 euros, en vez de destinar la parte correspondiente a la hipoteca. Con este proceder, la caja le comunicó a la inquilina que acumulaba varios impagos y que, en consecuencia, había ejecutado la hipoteca. Su vivienda a subasta y ella desahuciada.

Esto tampoco tumbó a Myriam, que siguió luchando y consiguió evitar su desalojo. Tras un largo juicio, consiguió quedarse en su casa pagando 15.000 de golpe y una cuenta bancaria en la que seguir abonando su hipoteca. Todo parecía encauzado, pero a esta terrible historia se le sumo un error judicial de magnitudes incalculables. La mujer recibió una notificación del juzgado que le exigía 26.500 euros en concepto de costas judiciales. Un mazazo definitivo que acabó con toda esperanza y que empujó a Myriam, que tras afrontar el pago de 15.000 euros ya no podía más, a dejar de pagar su hipoteca.

La depresión que sufría desde hace tiempo se agravó y, como si no le hubiesen arruinado la vida, cuatro meses después el juzgado reconoció que había cometido un error. Las costas judiciales eran realmente poco más de 2.500 euros, pero ya era tarde. Myriam ya había dejado de abonar algunas cuotas de su hipoteca, estaba en paro y, poco después, fue diagnosticada con un trastorno depresivo y una discapacidad del 57%. La casa salió de nuevo a subasta y la inmobiliaria del banco comenzó a acosarla. En ese momento estaba embarazada y tan solo la pandemia frenó el proceso.

De repente su casa ya no pertenecía al banco, sino al fondo israelí, y en 2021 decidió presentar una demanda de nulidad por la presencia de ocho cláusulas abusivas en su hipoteca, entre ellas la cláusula suelo y la de vencimiento anticipado, ambas declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) y la segunda de ellas la posibilitadora de su desalojo. Este proceso no avanza, pese a temer más de tres años, pero el de Ronsho Team para desahuciarla sí.

"¿Es posible que me desalojen de mi casa y que después la Justicia me dé la razón?", se pregunta ahora Myriam en las declaraciones recogidas por Público. La situación de esta madre de Orcasitas que cuida en solitario a un niño de cuatro años es insostenible. Las autoridades les han abandonado y los fondos buitre no tienen piedad. Los lamentos y la sorpresa impostada por parte de los que podrían hacer algo llegará después de que la desgracia se consuma. Mientras, Myriam resistirá, por ella y por su hijo.