Ferrovial, la multinacional de construcción e infraestructuras que ha anunciado su marcha a Países Bajos, no ha pagado el impuesto sobre Sociedades desde 2020 a pesar de haber percibido más de 1.000 millones de euros de contratos del Estado en la era Pedro Sánchez, según figura en sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Durante la pasada década, el grupo presidido por Rafael del Pino solamente abonó este tributo en tres ocasiones: 2014, 2018 y 2019, según se puede apreciar en las cuentas anuales de la matriz del grupo y han confirmado fuentes oficiales.

En el resto de ejercicios fiscales de esos años la multinacional se ha librado de pagar al registrar pérdidas en España y aplicársele créditos fiscales, viendo así rebajada su factura con Hacienda. Inspectores con décadas de recorrido señalan a este grupo y a la familia Del Pino como ejemplos paradigmáticos de ingeniería fisco-financiera, ya que siempre han encontrado las mañas para pagar los mínimos impuestos posibles.

A su vez, cabe destacar que España es un mercado crucial para esta multinacional. Según admite Ferrovial en su último informe anual un 18% de las ventas que hizo en 2022 provenían de nuestro país, solo por detrás del 21% del Reino Unido y del 36% que aglutinan EE UU y Canadá. En otras palabras, España es el tercer mercado mundial para el grupo de la familia Del Pino, y de este dato también se ha beneficiado la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Más de 1.000 millones de euros en contratos públicos

Desde junio de 2018 (cuando Pedro Sánchez fue aupado por primera vez al Palacio de la Moncloa) hasta la actualidad, las empresas del grupo han sido beneficiarias de contratos públicos por valor de 1.014,9 millones de euros por parte de diferentes empresas y organismos públicos adscritos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Las infraestructuras ferroviarias han sido la principal fuente de ingresos en España para la compañía. Adif ha sido su mayor contratante, pagando hasta 731 millones a Ferrovial por diferentes obras e infraestructuras. En segundo lugar y a gran distancia está Aena, la empresa que gestiona la mayoría de los aeropuertos españoles, con más de 164 millones. En puertos y carreteras, las adjudicaciones no son tan elevadas, cifrándose en 87,9 y 31,8 millones de euros respectivamente.

Si se desglosan los beneficios por años, 2019 fue el periodo en el que la multinacional salió más beneficiada, con 425 millones de euros en adjudicaciones. 2020, por contra, fue el año más flojo, con 22 millones de euros. En el último ejercicio disponible, el de 2022, la presencia de los fondos europeos se hace notar y el beneficio vuelve a subir hasta los 322,7 millones. A su vez, en la misma presentación de resultados económicos en la que el dueño de la empresa anunció la intención de trasladar la sede empresarial a Países Bajos, se hacía alusión a unos ingresos totales, en 2022, de 7.551 millones. Echando cuentas, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido el artífice de más del 4% del beneficio de Ferrovial durante el último ejercicio.

Décadas de relación con las Administraciones

La historia de Ferrovial con las Administraciones españolas se remonta a tiempos muy lejanos, pero los registros de la Plataforma de Contratación del Sector Público dan comienzo en 1991. Desde dicha fecha, las adjudicaciones a Ferrovial procedentes de los ministerios de Fomento (en la denominación que estos hayan adoptado en cada legislatura) bordean los 9.000 millones de euros, más concretamente, los 8.868. En las primeras etapas de la empresa, se desempeñaban como contratistas de carreteras y puertos, pero poco a poco fueron irrumpiendo en el sector ferroviario y aeroportuario.

Los numerosos turnos de Gobierno que ha atravesado España no han parecido afectar al estatus de esta empresa, que siempre se ha beneficiado del sector público. Sin embargo, sí que se reflejan en sus cuentas las desventuras económicas por las que ha pasado el país: en la primera década del siglo XXI la media anual en contratos oscilaba los 400 millones, llegando a los 785 en 2007, el año previo al estallido de la crisis económica. Durante los años posteriores, cuando empezaron a notarse sus efectos, los montantes disminuyeron considerablemente: entre 2013 y 2018 no superó ningún año los 103 millones en adjudicaciones. 2016, con tan solo 32 millones, fue el peor ejercicio de la década.

El enfado que ha expresado el Gobierno con la partida de esta empresa se entiende a través de estos datos: décadas de contratos públicos con cifras multimillonarias, y el mantenimiento de un estatus de privilegio a lo largo de las diferentes legislaturas. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha puesto en contacto con Del Pino para comentar este movimiento, según han desgranado fuentes del Ejecutivo. La titular de esta cartera habría pedido a Del Pino que “amplíe detalles e información” sobre su plan de marcha a Países Bajos, con hincapié en que “dé garantías de mantenimiento del empleo y de su actividad inversora en España”.