Comienza una semana determinante para la economía de la Unión Europea (UE), obligada a reaccionar ante la competencia desleal de Estados Unidos. Este lunes, los ministros de Competitividad tienen su primera cita informal, que se repetirá el martes y tendrá su última contienda el miércoles, para abordar las propuestas de los diferentes miembros y analizar las estrategias que Bruselas tiene sobre la mesa para responder a la Ley de la Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) norteamericana. Esta norma, aprobada por el Ejecutivo de Biden en agosto del pasado año, contempla subsidios para la transición ecológica de las empresas por valor de unos 400.000 millones dólares.
Si bien esta apuesta del Gobierno demócrata por combatir el cambio climático ha sido bien recibida por los Veintisiete, las exigencias contempladas en ellas, de marcado tinte proteccionista, no tanto. La apuesta del gigante económico busca incentivar la descarbonización de las empresas, con la condición de que estas desarrollen su actividades de producción en suelo estadounidense. Esto deja en una situación de desventaja al viejo continente, que puede ver como sus empresas cruzan el charco para percibir ayudas que las hagan más competitivas y adapten su producción a un futuro ya presente en muchas legislaciones. Ahora la Comisión Europea tiene que tomar una decisión, pero poner de acuerdo el sentir de casi treinta países, que no suelen coincidir, es mucho más complicado que aprobar un decreto desde el Despacho Oval.
Europa Reacciona
Como ocurre siempre que es necesario afrontar una decisión relevante, en Europa el debate se demora a la espera de alcanzar un acuerdo que en muchas ocasiones no llega. Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, ya se ha puesto en contacto con los Estados miembros para conocer su posicionamiento en lo que a ayudas estatales se refiere. No parece idóneo que dar libertad de respuesta a los diferentes Gobiernos, contrarrestando las ayudas norteamericanas con ayudas propias, genere más que una competencia desleal, también en el seno de la Unión. No todos los países, afectados por la deuda y el déficit, pueden responder de esta manera al gigante americano.
Francia y Alemania sí, por eso se posicionan a favor de dar esta libertad de actuación. Los Países Bajos, casi siempre escoltados por los nórdicos, se muestran, como viene siendo habitual, escépticos y piden esperar a tomar una decisión que, realmente, es de urgencia. Austria, Dinamarca, República Checa, Finlandia, Irlanda, Estonia y Eslovaquia ya se han posicionado contra la posibilidad de financiar, de forma conjunta, nuevas ayudas que combatan la política de EEUU. Alemania, Francia y Países Bajos no han firmado el documento a través del cual el grupo de países reticentes han mostrado su postura, pero tampoco quieren una respuesta conjunta, que quizá sería la única que pudiese contrarrestar de forma práctica la apuesta de un gigante económico.
Independientemente del desacuerdo evidente, el Gobierno europeo tiene claro que es necesario abordar este debate de forma inmediata. El jueves, tras tres días de reuniones informales, los líderes de cada país tendrán que presentar sus posiciones y afrontar un debate que parece va para largo en Bruselas. Además, este debate se encuentra también inundado por la normativa fiscal común, que busca combatir los paraísos fiscales y los territorios con tributaciones desleales que hay en el seno de la propia Unión. España tiene claro que esta pata del debate es ineludible y defiende su propuesta en Bruselas con uñas y dientes, de igual manera que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
España resiste y busca unión
Las posiciones de escucha y entendimiento se encuentran encarnadas, una vez más, por el Ejecutivo español. Conocedor de las reticencias de los países frugales, es consciente de que plantear un fondo común que posibilite una respuesta conjunta frente a EEUU no va a contar con los apoyos de los ortodoxos económicos. Tampoco va a permitir, o por lo menos no va a apoyar, una línea de actuación basada en la libre competencia, que no es otra cosa que un ‘sálvese quien pueda’ y que cada Estado responda como pueda, fragmentando el mercado europeo por completo. Preocupan las desigualdades al Gobierno español, que defiende no dejar nadie atrás a ningún país y sus empresas, a nivel comunitario, y pensar en los más vulnerables, a nivel nacional.
En una comunicación no oficial, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ya ha trasladado a la Comisión que es necesario alcanzar un “pacto para la economía verde” consensuado y que contemple una actuación conjunta. La cartera liderada por Nadia Calviño plantea estrategias a medio-corto plazo en las que destaque la transparencia para que las "diferentes capacidades fiscales de los Estados miembros no distorsionen el marco de igualdad de oportunidades actual", refleja el non paper. La reforma del mercado eléctrico y la protección de los más vulnerables, con ayudas directas y temporales, son dos banderas ondeadas por España en Bruselas desde hace tiempo.
A la par, el Ejecutivo español está decidido a fomentar la descarbonización de las empresas e industrias, aportando ayudas e incentivos al sector. Ahora, solicita que se reduzcan requisitos, controles y demás barreras que las compañías deben atravesar, lo que puede ser una causa más para que estas deslocalicen su producción. España apuesta por diferentes sectores para dar respuesta a EEUU. Las energías renovables se posicionan en la cúspide, incentivadas por varios Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, más conocidos como PERTE. Tanto para la generación de electricidad como de combustible la apuesta es el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. A este proyecto se suman el PERTE de descarbonización industrial o los PERTE de microelectrónica y semiconductores, que apuesta por el sector estratégico de los microchips, o el destinado al vehículo eléctrico y conectado.