El Gobierno español ha dado un paso clave en la transformación de la jubilación en la administración pública, con el objetivo de equilibrar el relevo generacional con la opción de prolongar la vida laboral más allá de los 70 años. Para ello, ha pactado con UGT y CCOO la vuelta de la jubilación parcial anticipada, mientras que su propuesta de ampliar la jubilación forzosa hasta los 72 años genera polémica y rechazo sindical.
El Ejecutivo ha sido consciente de la urgencia de reducir más de un año la edad media de las plantillas de la Administración General del Estado (AGE). “Disminuye por cuarto año consecutivo, situándose en los 50 años. El número de efectivos menores de 40 años ha aumentado en más de un 4% en dos años y, por segundo año consecutivo, el número de incorporaciones supera al de bajas”, ha señalado el ministro de Función Pública, Óscar López, en una comparecencia en el Senado a finales de enero.
Un nuevo reto
Sin embargo, la administración pública enfrenta un mayor reto derivado de la jubilación masiva de empleados en la próxima década. López ha advertido que esta situación requiere medidas urgentes para evitar una limitación de personal en sectores clave del sector público. Esta preocupación no es nueva, ya que desde 2021 el Ministerio ha insistido en la necesidad de atraer talento joven con el objetivo de garantizar el relevo generacional y la continuidad del servicio público. “Necesitamos rejuvenecer las plantillas”, afirmó la entonces ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en 2021.
El Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en 2022 con UGT y CCOO, marcó un compromiso claro con este objetivo. La edad media de los empleados públicos sigue estando muy por encima de la del sector privado, lo que hace que el relevo generacional sea aún más apremiante. De acuerdo con el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado en diciembre por el Ministerio de Función Pública, el 59,9% de los empleados públicos tiene más de 50 años. Aunque esta cifra ha disminuido ligeramente respecto al año anterior, sigue reflejando una estructura de edad envejecida.
Para abordar esta situación, López firmó un acuerdo en diciembre con los sindicatos para recuperar la jubilación parcial para los funcionarios, una opción que había sido eliminada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta medida permitirá a los funcionarios compatibilizar parcialmente su empleo con la pensión antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Carlos Álvarez, secretario de AGE de UGT Servicios Públicos, destacó la importancia de esta iniciativa: “Vendría a favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas”. Se trata de una demanda histórica de las organizaciones sindicales, que el Gobierno quiere incluir en la nueva Ley de Función Pública, actualmente en trámite en el Congreso.
Sin embargo, la propuesta del PSOE de ampliar la edad de jubilación forzosa de los 70 a los 72 años ha generado un controvertido debate. A diferencia de la jubilación parcial anticipada, esta medida no ha sido pactada con los sindicatos y ha sido recibida con desconfianza. UGT y CCOO han rechazado la enmienda introducida por los socialistas, señalando en un comunicado conjunto que “es una medida que no contemplaba el acuerdo suscrito” y “que no apoyan”.
Desde el punto de vista de los sindicatos, esta extensión de la vida laboral va en la dirección contraria al objetivo de rejuvenecer la administración. No obstante, la propuesta podría beneficiar a ciertos sectores, como el judicial, donde algunos profesionales prefieren prolongar su carrera, y a aquellos funcionarios que han accedido al empleo público en edades más avanzadas y necesitan completar sus años de cotización.
Las cifras del boletín estadístico indican que en la próxima década hay “una estimación de jubilaciones del 54,86%”, lo que equivale a unos 95.640 trabajadores. “Esta directriz a la baja respecto al informe del año anterior se mantiene si consideramos personal funcionario de carrera y laborales fijos por separado”, demuestra el estudio, advirtiendo que “los colectivos que se verán más influenciados” son los subgrupos E, C2, B y C1. Para contrarrestar esta tendencia, el Gobierno ha impulsado convocatorias masivas de empleo público desde 2021. En 2024, anunció una oferta récord de 40.000 nuevas plazas. “Se consolida una situación en la cual triplicamos en los últimos años el aumento anual respecto a lo que ocurrió entre 2012 y 2017”, explicó el exministro José Luis Escrivá, quien impulsó un plan para recuperar los 80.000 empleos perdidos durante la crisis de 2008.
30.000 menos que antes de la crisis
“Ahora mismo la tasa de reposición está entre el 110 y el 120%, lo que hace que entren unos pocos más de los que se jubilan, pero durante varios años estuvo a 0, luego al 25%, después subió al 75% y, a partir de 2020, es cuando se ha ido cubriendo alguna plaza más. Esto ha servido para reponer parcialmente unos 9.000 puestos en la AGE, pero si miramos las plantillas respecto a 2011, todavía perdemos 36.000”, explicó Carlos Álvarez. Aunque las incorporaciones han aumentado desde 2021, el saldo aún es negativo respecto a los años previos a la crisis financiera.
El desafío de modernizar la administración pública pasa no solo por reponer efectivos, sino también por garantizar que las nuevas generaciones encuentren atractivas las oportunidades de empleo en el sector público. Con este propósito, el Gobierno anunció en 2023 su intención de eliminar la tasa de reposición en 2025. “Es muy difícil de defender cuando estamos hablando de modernización y transformación de la función pública. Por lo tanto, necesitamos un modelo distinto de previsión y proyección de qué puestos necesitamos en la AGE y en toda la administración pública”, señaló Escrivá en su momento.
