El acuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Sumar de cara a facilitar la investidura de Pedro Sánchez contiene múltiples derivadas; sin embargo, la reducción de la jornada laboral, sin merma en el salario, es la que más reacciones ha generado. Las aspiraciones del partido de Yolanda Díaz apuntaban a un tiempo de trabajo que no superase las 35 horas semanales y desembocase en la jornada laboral de cuatro días. Sobre el papel, esta es la máxima que se perseguirá de cara al fin de la legislatura, pero la principal pregunta es si los trabajadores notarán alguna mejora real a corto plazo.
Desde las formaciones que pretenden conforman el nuevo Ejecutivo progresista no han faltado las grandilocuencias y alabanzas a la medida. “Es la legislatura del tiempo de la vida”, aseguraba Díaz. “Es la hora de conseguir en España una segunda ola de derechos de trabajadores”, prometía Sánchez. Desde la derecha, catastrofismo y superficialidad. La patronal criticaba la medida por el “impacto negativo para la actividad de las empresas”. “Serias dudas” es lo que le genera al Partido Popular, según las palabras de su portavoz, Borja Sémper. “Obsesión porque trabajemos cada vez menos”, apuntaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Lo cierto es que el globo de la reducción de jornada se ha pinchado rápidamente. Sumar ha optado por el silencio, evitando desgranar una medida que goza de más empaque sobre el papel que en la práctica. Los socialistas, replicando el discurso pronunciado estas semanas, se remiten al desarrollo normativo futuro, en el que “se verá el detalle”. El apocalipsis que pronostican empresarios y liberales tampoco llegará, como no lo ha hecho en la treintena de ocasiones anteriores en las que lo han anticipado ante la llegada de cualquier avance de derechos para los trabajadores.
Una reducción 18 minutos diarios
El complejo abordaje del Estatuto de los Trabajadores parecía que supondría un cambio sustancial, pero lo cierto es que la jornada laboral legal se reducirá de las 40 horas semanales a las 38,5, 18 minutos menos al día (en una jornada de ocho horas y cinco días). El siguiente paso serían las 37,5 horas en 2025, media hora menos diaria. El establecimiento legal de este máximo supone un importante cambio, pues significaría que ningún trabajador podría superar las horas establecidas. Sin embargo, en la práctica, la jornada media pacta y la efectiva realizada se sitúan ya en valores similares.
La jornada laboral efectiva, por la que se entiende el tiempo que el trabajador permanece en su puesto, se situó en 2022 en las 37,8 horas semanales, según los datos de Eurostat -oficina estadística europea-. La jornada laboral pactada por convenio, aquella acordada entre representantes sindicales y la patronal, también se sitúa por debajo de las 40 horas semanales. Si bien esta oscila en función del sector, la empresa y de si el convenio que rige es de sectorial o empresarial, la jornada media se sitúa en la horquilla que se comprende entre las 37,5 y las 38,5 horas semanales.
Así, parecería que la modificación no supondrá ningún cambio para los trabajadores, pero tampoco hará caer la productividad ni aumentará los costes laborales. Sobre lo segundo no hay ninguna duda, tan solo hay que mirar a países con menor jornada y mayor productividad, procurando poner el foco en la modernización. Con respecto a la ganancia de derechos de los trabajadores, las cifras medias no so variables justas para realizar un análisis.
Las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que el 58,3% de los asalariados desarrollan una jornada superior a las 38,5 horas semanales, por lo que más de la mitad trabajadores se beneficiarían de la reducción de 2024. Otro 29,8% cuenta con una jornada ubicada entre las 37,5 y las 38,5 horas semanales y tan solo un 11,9% trabaja por debajo de las 37,5 horas semanales. En total, se estima que 12 millones de trabajadores podría beneficiarse de la reducción legal a las 37,5 horas, que llegaría, si toda marcha, en 2025.
Cabe destacar que esta es la jornada que ya disfruta el tejido de funcionarios. No obstante, como suele pasar en los ámbitos laborales, lo más complejo será dar cumplimiento estas modificaciones, algo más difícil aún atendiendo a la falta de recursos de la Inspección de Trabajo, organismo que debe vigilar este ámbito. La verdad es que casi la mitad de los asalariados trabajan más de 40 horas semanales.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos a 2022 reflejan que casi ocho millones de asalariados (7,97 de 17,21 millones) trabajó por encima de la jornada laboral máxima. El groso de afectados se concentra en el sector privado. Jornadas laborales sin fin, motivadas por el pluriempleo obligado o por horas extraordinarias, muchas de ellas impuestas y no pagadas.
Más de medio millón de trabajadores necesita contar con un segundo empleo para poder sobrevivir, según los datos de la EPA. A esto se le añade los tres millones de horas extra no remuneradas que se realizan cada semana. Ambas variables continúan creciendo anualmente y la calidad de vida y el poder de los adquisitivos de los trabajadores continúa desplomándose. Ante esta tesitura, el rigor apunta a considerar la reducción de jornada legal como un avance, pero la realidad diaria de los trabajadores empuja a preguntarse si acaso esta medida mejorará un mínimo la vida de los millones de asalariados.
