Tras varios meses de negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE, finalmente el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto antidesahucios por el que se prohíben los desahucios y los lanzamientos durante el estado de alarma, al menos hasta el 9 de mayo. Además, el decreto incluye la prohibición de cortes de suministros básicos para las familias más vulnerables.

Este mismo miércoles entra en vigor el decreto, al ser publicado en el BOE, ampliado a personas en situación de vulnerabilidad desde antes del coronavirus, no solo por los efectos de la pandemia. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, fue el encargado de presentar la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La medida aprobada durante la pandemia sigue en vigor hasta el 31 de enero y, con este nuevo decreto, se amplía hasta el 9 de mayo, con el final del estado de alarma. Ábalos ha anunciado que la medida también se extiende a aquellas personas "que ocupan viviendas sin haber mediado violencia o intimidación, sin ejercicio de ninguna acción ilícita, que se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto y que en ningún caso sea residencia habitual, segunda vivienda o que hayan sido cedidas a otra persona". 

Entre los requisitos para esta última suspensión se encuentra la presencia de personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

Compensación para los grandes propietarios

El objetivo, en palabras del responsable, es de "preservar el derecho constitucional a la vivienda" y matizaba que el fin pasa por “proteger a las familias, pero también proteger a los arrendadores". Este ha sido uno de los puntos principales de desacuerdo entre los socios de Gobierno e incluso UGT ha criticado esta novedad después del anuncio.

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Más allá de la suspensión de los desahucios, el decreto incluye una compensación a los grandes tenedores, con más de diez viviendas en propiedad, que demuestren perjuicio económico, tal y como se ha avanzado en los últimos días. Esta compensación se estudiará según el índice de precio de referencia del mercado de alquiler.

En cuanto a la situación de vulnerabilidad, deben ser los servicios sociales quienes acrediten la situación de estas personas, mientras que las comunidades autónomas deberán encontrar una alternativa habitacional en un plazo de 15 días.

El Gobierno ha destacado que esta norma refuerza garantías judiciales, compromete al resto de administraciones públicas competentes en materia de vivienda y no legitima ninguna ocupación de vivienda, pues distingue las distintas situaciones personales, las casuísticas que se pueden presentar, identifica que casos excepcionales merecen una protección singular, estima compensaciones a propietarios y privilegia la supervisión judicial e intermediación servicios sociales.

Prohibición de cortes en los suministros básicos

La medida también incluye la prohibición de cortes en los suministros básicos (agua, gas y electricidad) para los más vulnerables hasta el 9 de mayo, cuando termine el estado de alarma. Como novedad, no será necesario ser beneficiario del bono social, sino que los servicios sociales tendrán que certificar la vulnerabilidad. 

“Hoy, por fin, hemos aprobado en el Consejo de Ministros la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a hogares vulnerables mientras dure el estado de alarma”, celebraba Pablo Iglesias después en su cuenta de Twitter.