La SEPI supera ya el 8% de Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha aumentado su participación en la telco y, tal y como ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este martes, el pasado jueves 9 de mayo contaba ya con más del 8% del capital social de la compañía. El vehículo inversor del Gobierno, dependiente del Ministerio de Hacienda, sigue su camino hasta hacerse con el 10% de la compañía, un objetivo que se marcó hace meses, por orden del Consejo de Ministros, para proteger la "españolidad" y el carácter estratégico de la telco frente a la irrupción sorpresa de capital saudí a través de Saudi Telecom Company (STC) conocida a principios de septiembre de 2023.

A día de hoy la SEPI ya es el accionista mayoritario de Telefónica, por encima incluso de CriteriaCaixa, BBVA y CaixaBank y también de STC, con sus planes para hacerse con el 9,9% deseado de Telefónica en aparente pausa desde hace meses. Por el momento, STC tiene un 4,9% de Telefónica, un porcentaje que superan CriteriaCaixa y la SEPI en base a los últimos movimientos en el accionariado, a la espera de mantener su camino hacia el 9,9% anunciado en septiembre. El simple anuncio de la entrada sorpresa de STC en la telco como accionista mayoritario fue el germen que despertó el interés de la SEPI para entrar en Telefónica por ser una empresa "histórica" y "estratégica" para la sociedad española. 

Con el penúltimo movimiento de la SEPI en el accionariado de Telefónica, en el momento de superar el porcentaje de capital del 7%, el organismo inversor de Hacienda ya podía solicitar un asiento en el consejo de administración de la compañía, el máximo órgano de control de cualquier cotizada. Para ello, el Ejecutivo ha designado a Carlos Ocaña como consejero de Telefónica en representación de la SEPI y de los intereses del inversor público en la compañía. El nombramiento de Ocaña ha sido ratificado también por el consejo de la telco, por cooptación, y desde hace días ya forma parte del consejo de administración junto a otros directivos como el propio presidente, José María Álvarez-Pallete, o el vicepresidente y hombre clave en el accionariado de Telefónica, Isidro Fainé, en representación de CriteriaCaixa tras los últimos movimientos accionariales. 

El pasado 8 de mayo, hace apenas una semana, el consejo de administración de Telefónica acordó por unanimidad aceptar la "renuncia voluntaria" de Carmen García de Andrés como consejera de Telefónica y, en su asiento, nombró por cooptación a Carlos Ocaña Orbis como representante de la SEPI. Una renuncia que la consejera ha explicado por motivos personales y "con el fin de contribuir al proceso de la renovación ordenada del Consejo de Administración de Telefónica", tal y como reza el comunicado remitido a la CNMV hace una semana. Ocaña también ha sido nombrado, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, vocal de la Comisión Delegada y de la Comisión de Auditoría y Control dentro del consejo de administración de Telefónica. 

Previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, el Consejo de Administración de Telefónica ha nombrado a Carlos Ocaña Orbis consejero dominical de la compañía. Desde hace apenas una semana, el consejero representa ya los intereses de la SEPI en una cotizada española clave para la sociedad y "estratégica" para el Gobierno. Y es que si algo ha dejado claro el Ejecutivo en los últimos meses, desde el estallido del culebrón Telefónica en septiembre, es el carácter estratégico de la compañía -además de "histórico"- y su intención de mantener la autonomía estratégica de la telco y el sector tanto en el presente como a futuro.

La SEPI ha informado también de la nueva compra de acciones de Telefónica hasta superar el umbral del 8% a la Securities And Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos en cumplimiento de la normativa vigente en dicho país. Así, el inversor público pretende evitar la asimetría en la información a difundir respecto de Telefónica, de acuerdo con la normativa aplicable en otras jurisdicciones y la que resulta de la normativa española.