Restalia, grupo propietario de establecimientos como 100 Montaditos, La Sureña o The Good Burger (TGB), planea interponer acciones legales contra un grupo de exfranquiciados de la marca después de que el Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid haya archivado la causa. La denuncia contra Restalia se remonta a junio de 2020, cuando varios franquiciados acusaron a la compañía de cometer presuntos delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.

En el auto al que ha tenido acceso ElPlural.com, el Juzgado de Instrucción afirma que la denuncia interpuesta contiene un “totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social, o la hacienda pública, e incluso de blanqueo de capitales, que como se ha mencionado, no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas de los denunciantes que no permiten un riguroso análisis”.

La denuncia, presentada por el despacho de abogados Rafael Franco Abogados, al que luego se unió Cremades & Calvo-Sotelo en representación de los ahora exfranquiciados y ahora archivada, ha sido sobreseída por la inconsistencia de las acusaciones.

Despachos de abogados en el punto de mira

Tal y como figura en el documento facilitado al presente medio, no es la primera vez que estos despachos de abogados defienden un caso similar: “Ese proceso versó sobre las mismas cuestiones, solo que en este caso relativo a la franquicia de las panaderías Granier”.

McDonald´s, ha sido otra de las empresas damnificadas durante un proceso judicial similar y que también defendió el despacho Cremades & Calvo-Sotelo. En concreto, la denuncia se interpuso contra Havi Logistics -compañía que realiza la distribución de los productos de la marca- y también fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid.

Sin embargo, este bufete decidió querellarse contra los magistrados de instrucción y los de la Audiencia Provincial por prevaricación judicial al entender que la resolución de archivo del caso era manifiestamente injusta.

Muchas denuncias de índole similar han sido archivadas por los mismos motivos. Burger King, DIA o Carrefour también han sido involucrados en procesos judiciales similares iniciados por sus franquiciados (supuestas estafas, coacciones por cortes de suministro…) habiendo sido todos ellos archivados.

La excepción radica en el caso Vitaldent, en el que se enfrentan al expropietario de la compañía, Ernesto Coleman y hasta 20 directivos contra el Ministerio Fiscal por un supuesto delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, caso archivado por el magistrado Manuel García-Castellón y que ahora se haya en espera de resolución del recurso de apelación.

Según ha podido conocer este periódico, el fracaso de la defensa ejercida por los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados ha llevado a los franquiciados denunciantes a plantearse incluso emprender acciones legales contra los mencionados despachos por seguir la estrategia de la demanda contra Vitaldent cuando ha quedado demostrado que su caso no tiene nada que ver con la compañía dental. Al contrario del caso de Restalia, similar al de McDonalds o Granier. 

El caso de Restalia

Volviendo al caso recién cerrado, los argumentos esgrimidos por la parte demandante se basan en asegurar que la empresa habría ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable la apertura de un establecimiento franquiciado.

Tal y como figura en el auto judicial, los exfranquiciados intentaron demostrar, a través de “una ingente cantidad de documentos”, que la compañía operaba como una “organización criminal” que, mediante “engaño”, les hizo firmar contratos para abrir los establecimientos, logrando así la entrega de ingentes cantidades de dinero.

Los demandantes cifraban el perjuicio económico presuntamente causado por Restalia en casi 20 millones de euros. Por su parte, la compañía negó tajantemente dichas acusaciones aduciendo que cumplía “rigurosamente” la legalidad.

Restalia insiste que "siempre ha mantenido que las informaciones vertidas sobre el procedimiento judicial faltaban gravemente a la verdad y que el único objetivo era dañar la imagen y reputación de una compañía comprometida de manera firme y constante con sus franquiciados".

Ante el archivo del caso, finalmente la compañía afirma que "emprenderá las acciones de cualquier índole que consideren oportunas frente a la intencionada campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo y de reclamación de los perjuicios que estas actuaciones han ocasionado".