La Junta de Accionistas en la que Ferrovial ha tomado la decisión de abandonar España, deslocalizando su sede social con destino Países Bajos, ha puesto fin al culebrón. El presidente de la compañía, Rafael del Pino, ha defendido nada más comenzar su comparecencia la “libertad de establecimiento” de la compañía como “esencia misma de la Unión Europea”. Estas palabras han sido pronunciadas por el máximo dirigente de la compañía a escasos metros de una bandera de España colocada en el escenario desde el que se confirmará la fuga, un ejercicio de cinismo que ha alcanzado su máximo esplendor al finalizar la intervención de del Pino entre los aplausos y vítores de los asistentes.

La empresa mantiene su discurso, señalando “razones económicas” para la marcha, y asegura que “mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas". Lo cierto es que el argumentario de la multinacional se ha ido desquebrajando a velocidad de vértigo y la alusión a la cotización en bolsas extranjeras ha quedado reducida a una excusa barata que la propia embajadora estadounidense ha evidenciado. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMV), Bolsas y Mercados Españoles y hasta el propio Gobierno han hecho lo propio, evidencias que no detienen a Del Pino en su espantada.  

Ni ápice de algo parecido al sonrojo ha podido apreciarse en el rostro de del Pino tampoco cuando, en medio de su discurso inaugural, ha decidido incluir una oda al patriotismo. “España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”, ha recitado. El presidente de la Worl Federation of Inverstors, en representación de los accionistas minoritarios, tampoco ha querido quedarse atrás y ha decidido cargar contra el Ejecutivo, asegurando que la compañía tránsfuga está sufriendo ataques “excesivos, improcedentes y al borde de la ilegalidad”.

Para irse, la matriz de Ferrovial se fusionará con su filial neerlandesa FISE con la pretensión de cotizar den Estados Unidos, aseguran, práctica que ya pueden realizar tal y como hacen otras compañías afincadas en España. “La compañía ha querido ser transparente en cuanto a la información facilitada sobre la fusión", ha asegurado del Pino, algo que evidentemente no ha conseguido y que hace creer a la mayoría lo que se empeña en negar: "En cuanto a fiscalidad debemos dejar muy claro que esto persigue objetivos económicos válidos. La operación no se hace por motivos fiscales".

Los accionistas han ido interviniendo durante la celebración de la Junta, exhibiendo un cada uno un argumento más ferviente que ha merecido los agradecimientos del líder al concluir el turno de intervenciones. “Agradezco vuestro apoyo”, ha comenzado, “esta operación que se propone es buena para la sociedad y mantenemos nuestra confianza en que se respetará la soberanía de la junta dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea”, ha defendido, respondiendo de antemano a una posible reacción del Gobierno.

El sí definitivo

Una mayoría absoluta de los accionistas de Ferrovial que han ejercido su voto en la junta de accionistas de la compañía han respaldado el plan de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos, votando a favor de la propuesta. Con un quórum del 77,6%, la junta ha dado luz verde a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española.

En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado. Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.

En el sentido opuesto, si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje estipulado, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese de derecho de acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país de la comunidad europea.