La Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona se ha querellado contra Endesa y hasta seis de sus directivos por la muerte de aves en torres de media tensión de la eléctrica. El organismo acusa a los directivos de la compañía de un delito contra el medio ambiente y contra la protección de la fauna tras una investigación de dos años.
Por el momento la querella ha sido admitida, y está siendo investigada, por el Juzgado de Instrucción de Vic (Barcelona). La compañía ha declinado hacer comentarios por el momento. Este martes, hace apenas 24 horas, se conocía que la eléctrica también tenía una querella por presunto delito de estafa en la construcción de un polígono en Tarragona.
Ahora, la querella recuerda a la compañía que la normativa obliga a adoptar las “medidas necesarias” para evitar “riesgos o daños” derivados del transporte de la energía, especialmente para la fauna y la flora. Según las distintas informaciones publicadas, se vulnera un real decreto aprobado en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ante esto, el fiscal solicitó más información a la Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat, que remitió un mapa de 2014 donde aparecían 1.089 tendidos susceptibles de ser renovados en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de las que el 95% pertenecían a Endesa.
Más de cien expedientes sancionadores
Tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona, la Generalitat abrió en 2020 más de cien expedientes sancionadores por dicha problemática en Cataluña. En paralelo, Endesa adaptó en 2019 hasta 89 tendidos en zonas protegidas de Cataluña con dinero público tras recibir la subvención estipulada por ley.
Endesa ha realizado una inversión de 2,2 millones de euros para adecuar los tendidos eléctricos en el territorio catalán en 2020, cifrada por la propia compañía en 624 apoyos adoptados. Incluso hace solo tres semanas anunció que invertiría 4,6 millones más para adaptar los apoyos este año.
El fiscal explica que la compañía presentó en 2013 a la Generalitat un proyecto para fijar los criterios de adaptación de las líneas eléctricas pero que en abril de 2018 no se había corregido ninguna línea o tramo entero de línea eléctrica aérea. En cifras, la compañía procedió a la corrección de 68 soportes, de los que 26 no aparecían en ninguno de los listados incluidos.
También la Dirección General de Medio Ambiente había enviado sendos escritos en 2014 explicando los puntos peligrosos y reincidentes que habrían causado la muerte de fauna en peligro de extinción, pidiendo también medidas de corrección. A pesar de estas comunicaciones, el fiscal entiende que Endesa se ha limitado a “intervenciones puntuales” en algunos supuestos puntos de reincidencia en la electrocución de aves.
Es decir, la Fiscalía entiende que no se ha ejecutado ni se ha puesto en práctica un plan adecuado para la acomodación a la normativa legal de los soportes eléctricos aéreos por parte de Endesa.
