Los servicios bancarios, el comercio y el transporte público son tres de las prestaciones básicas "clave" para mejorar el atractivo de las áreas rurales, así como la sanidad, la educación y el correo, especialmente en zonas con fuertes diferencias que han quedado patentes tras la crisis del coronavirus y el confinamiento.

Así lo apunta el informe "Despoblamiento rural: la brecha de la desigualdad", de los sociólogos Luis Camarero (UNED) y Jesús Oliva (Universidad Pública de Navarra), en el que analizan la despoblación rural, popularizada como la España vaciada. Los expertos explican que la despoblación se trata de un fenómeno lento sobre el que la crisis económica de 2008 ha tenido un efecto "determinante". 

El informe destaca a CaixaBank y DIA como las compañías privadas con mayor presencia en los municipios españoles de menos de 10.000 habitantes. Por un lado, CaixaBank concentra la mayor parte de los puntos de atención presencial de las entidades herederas de las antiguas cajas de ahorro, mientras que DIA cuenta con 1.200 establecimientos en los pequeños municipios. 

CaixaBank cuenta con más de 1.300 oficinas bancarias en los municipios pequeños, seguida de Ibercaja (555), Unicaja (511) y Bankia (497), así como con más de 1.100 oficinas en municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes, por delante de Bankia (460), Unicaja (202) y Kutxabank (124).

"La proximidad a las fuentes de crédito es esencial para permitir el desarrollo económico, el surgimiento de proyectos de innovación social, así como el mantenimiento del tejido asociativo en las áreas rurales", explica el estudio.

Por su parte, solo 2.726 municipios del total de los 7.369 menores de 10.000 habitantes tienen un supermercado, es decir, que el 60% de los municipios pequeños no cuenta con un establecimiento de estas características. Por operadores, DIA es el que dispone de una mayor presencia en estas localidades (1.120), seguido de Coviran (1.005) y del grupo HD Covalco (663).

Sanidad, Educación, correo y transporte público

En cuanto a los servicios sanitarios, el estudio apunta a una mejora en términos generales en la extensión del número puntos de atención primaria desde 2004, aunque con efectos desiguales, ya que algunas regiones han sufrido una fuerte reducción, como Galicia, y otras han vivido un crecimiento, como Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Sobre los servicios educativos, el informe subraya que en las zonas rurales su cobertura se realiza esencialmente a través de una red pública que se ha mantenido estable e incluso ha aumentado el número de centros durante la crisis. Los últimos datos disponibles, correspondientes al curso 2016-2017, registraron alrededor de 3.655 centros docentes de Primaria y Secundaria en municipios de menos de 2.000 habitantes.

De manera contraria a la sanidad y la educación, donde se registra una cierta estabilidad, el estudio detecta una retirada importante del servicio de correos en las zonas rurales, con el cierre de 521 centros que prestaban servicio en áreas rurales en cuatro años (2013-2016).

Además de la mejora de las prestaciones citadas, el transporte público supone, según el análisis, la gran carencia de las zonas rurales. Las dificultades de acceso a este servicio básico constituyen, según los dos sociólogos, el signo "más evidente" de la desigualdad rural.

"Para garantizar la equidad territorial, el acceso a los servicios es una cuestión central. Por ello resulta esencial el compromiso tanto de las administraciones públicas como de los operadores privados en la provisión de servicios sanitarios, educativos, de transporte, bancarios o comerciales en las áreas rurales y de baja densidad. De este compromiso depende en gran medida la revitalización económica y la capacidad de atracción demográfica de los pueblos", concluye Luis Camarero.