CaixaBank se ha reunido este martes son los sindicatos para avanzar en el proceso de reestructuración de la entidad. En la segunda reunión del periodo informal de consultas ha informado de su plan de despedir a 8.291 trabajadores, el 18% de la plantilla, y el cierre de 1.534 oficinas bancarias, el 27% de la red actual.
La dirección de CaixaBank ha comunicado a la representación sindical que, tras un detallado análisis de las necesidades de la red comercial y de los servicios corporativos, ha llegado a la conclusión de que es necesario poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
La compañía explica que corresponde a motivos productivos y organizativos, como consecuencia de las duplicidades y sinergias derivadas de la fusión con Bankia, así como a las circunstancias actuales del mercado, afectado por el impacto del coronavirus.
La compañía ha explicado sus criterios a la hora de realizar el ERE, que pasan por la voluntariedad y la meritocracia. Por un lado, la voluntariedad estará presente “aunque siempre teniendo como límite máximo el cupo de excedente identificado en cada territorio o área funcional y estableciendo medidas que eviten el desequilibrio generacional”, explican desde la compañía.
Por este motivo, la entidad plantea que el porcentaje de personas trabajadoras mayores de 50 años que se adscriban voluntariamente al plan de bajas no podrá superar el 50% del total de salidas. El segundo criterio básico, la meritocracia, se aplicará de forma secundaria tras la aplicación de la voluntariedad que garantice el equilibrio generacional.
Propuestas de indemnización
Durante la reunión, CaixaBank ha planteado también la propuesta de indemnización para las extinciones de contrato y ha trasladado el compromiso de la entidad con un plan de recolocación y acompañamiento de las personas afectadas para facilitar su incorporación y adaptación a un nuevo puesto de trabajo, que será “absolutamente diferencial” y del que informará en las próximas reuniones.
Por otro lado, la dirección ha presentado una propuesta de cambios en las condiciones laborales para avanzar hacia un marco de condiciones sostenible y unificado, independientemente de la entidad de procedencia de cada empleado.
“Se trata de la unificación de medidas relacionadas fundamentalmente con aspectos complementarios de la remuneración y la previsión social, así como cuestiones vinculadas a la flexibilidad necesaria para avanzar en el modelo de negocio y mantener la sostenibilidad de la red rural”, explica la entidad.
Hasta la entrada en vigor del nuevo marco los empleados conservarán sus condiciones actuales, tal y como ha asegurado la compañía en un comunicado. “Una vez el nuevo marco esté vigente, se pretende, como norma general, que los empleados mantengan su remuneración actual, salvo que las nuevas condiciones acordadas supongan una mejora, en cuyo caso se aplicará con la progresividad que se acuerde”, avanzan.
Estas nuevas condiciones serán también las que se aplicarán a los nuevos empleados que se puedan incorporar en el futuro.
