Después de que se especulara insistentemente con la generalización de la indemnización por despido improcedente de 20 días por año trabajado -la petición de la CEOE- la reforma la ha establecido en 33 días. Pero la letra pequeña establece que los despedidos recibirán un máximo de 24 mensualidades en lugar de las 42 vigentes, una considerable reducción. A partir de la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio quienes fueran contratados con anterioridad y sean despedidos improcedentemente cobrarán 45 días el tiempo que trabajaron antes de la reforma, y 33 por lo trabajado después de esa fecha.

Facilidades para los 20 días...
Pero además, se facilita la vía para que un despido se considere procedente con una indemnización de 20 día por año trabajado, que tienen un máximo de 12 mensualidades. Se podrá despedir procedentemente cuando una empresa tenga pérdidas o también cuando prevea una disminución persistente de ingresos "durante tres trimestres consecutivos". De hecho, la cadena SER advierte de que todos los despidos se entenderán 'a priori' como justificados y se pagarán a 20 días por año, y será el trabajador el que tenga que recurrir al juez para demostrar su improcedencia.

... y para los EREs
Se facilitan también los EREs, ya que se suprime la autorización laboral administrativa que se requería en los despidos colectivos. Como contrapartida, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que hasta ahora asumía el pago de ocho días de indemnización en los despidos procedentes, únicamente seguirá haciendo este desembolso a las pymes, con lo que el despido perderá parte de su carácter 'subvencionado'. También se incorpora la obligación para las empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, al menos, seis meses. También se limita a dos años el tiempo que se podrán encadenar contratos temporales de más de 24 meses.

"Trabajo social para la comunidad" si cobras el paro
En la presentación de la reforma, el Gobierno ha combinado las de cal y las de arena. Así, se han explayado en la creación de una cuenta de formación para cada trabajador que incluirá el derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por su empresa o en los incentivos a las empresas para contratar a menores de 30 años. Pero Sáenz de Santamaría y la ministra de Trabajo Fátima Báñez han pasado de puntillas al anunciar que los desempleados que cobren una prestación por desempleo "realizarán un trabajo social para la comunidad". Estos trabajos para la "comunidad" se establecerán a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas.

Limitaciones a los convenios colectivos
El Gobierno de Rajoy también mete mano en los convenios colectivos, estableciendo un máximo de dos años de vigencia si no han sido renovados. Si no se alcanzase un acuerdo entre los agentes sociales la empresa iría a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje, manteniendo el principio de voluntariedad. De no alcanzar el acuerdo, una de las partes podrá acudir a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos o sus equivalentes autonómicos, que nombrara un árbitro y resolverá en 25 días como máximo. Además, la reforma introduce la prioridad de los convenios internos de la empresa de los sectoriales, una nueva vuelca de tuerca en la desprotección de los trabajadores.