Las controversias sobre el carácter científico de la economía no son nuevas: mientras que para algunos su carácter científico está fuera de toda duda, otras personas consideran que no lo es. Lo cierto es que cada vez más, la economía se está constituyendo en una disciplina experimental, en la que el contraste con la realidad a través de métodos estadísticos avanzados y experimentos basados en el comportamiento de las personas está ofreciendo nuevas perspectivas muy prometedoras. Por poner un ejemplo, hace unos días la Fundación COTEC presentó el trabajo desarrollado por el Laboratorio de Economía Experimental y del Comportamiento de la Universidad de Valencia.

En dicho trabajo, liderado por, Penélope Hernández (Universidad de Valencia), Antonio Cabrales (University College of London) y Anxo Sánchez (Universidad Carlos III), se exponen los resultados de un experimento con mil estudiantes de la universidad, analizando sus comportamientos en materia de productividad y sustitución por robots, en un entorno controlado –esto es, lo más parecido a un experimento de laboratorio que la economía puede hacer-, concluyendo, por ejemplo, que la incorporación de una renta básica no supone un descenso en la productividad de los trabajadores, o que la automatización de la producción incrementa la productividad sólo a través de la propia incorporación de “robots”, sin que exista un efecto incentivador en los trabajadores que no son sustituidos por máquinas. El informe, muy recomendable, se puede examinar aquí

Se podrían citar cientos de ejemplos en los que la economía está intentando desarrollar este tipo de enfoques, bien en condiciones similares a las de laboratorio –como el anteriormente citado-, bien en la vida real, a través de lo que se denominan RCT (Randomized Control Trials o pruebas con control aleatorio), en las que se determinan los efectos de una medida comparando su impacto con un grupo de similares características que no la recibe. Esta técnica, importada de los estudios sanitarios, se está desarrollando como una de las herramientas más avanzadas –y complejas de usar- para determinar los impactos de determinadas medidas económicas o sociales, como las rentas mínimas, la renta básica, etc. De esta manera, obtenemos evidencias sobre la consecuencias de determinadas medidas, facilitando su comprensión y, en última instancia, mejorando el diseño de las políticas públicas.

Lamentablemente no todas las ramas de la economía pueden utilizar estos instrumentos. En macroeconomía y en política económica, es muy difícil realizar experimentos de este tipo: no se puede realizar un experimento con todo un país y compararlo con otro país “de características similares”. Así que los métodos que se usan suelen estar basados en simulaciones sobre una serie de relaciones entre variables. Así, gracias al trabajo desarrollado por Grupo de Economía Regional del Centro de Investigaciones Conjuntas de la Comisión Europea, basado en Sevilla, sabemos que las regiones del sur de Europa –como Andalucía, Calabria o Extremadura- se encuentran en una situación permanente de desventaja competitiva que se explica por su situación geográfica y el coste de transporte hasta las regiones centrales de la Unión Europea, mientras que las regiones del este del continente se encuentran en una situación de clara ventaja competitiva –por cercanía y coste de transporte-. Bajo este modelo, una empresa que quiera instalar sus fábricas en Europa, obtendrá una mayor rentabilidad de partida en Polonia que en el sur de España. La conclusión lógica de este modelo es que si queremos mantener la cohesión territorial en la Unión Europea, es necesario sobreinvertir en Andalucía para compensar su desventaja estratégica permanente, que no se explica sólo por su renta per cápita. El informe de este notable trabajo se podrá encontrar en breve en su página web.

Observando estos casos, sin lugar a dudas se puede afirmar que la economía es hoy una disciplina sometida a métodos que se aproximan a los experimentales. La evidencia pesa hoy mucho en la manera en la que se hace economía. Y la evidencia está recogida no sólo por académicos, sino por centros y servicios de estudio, instituciones independientes como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la propia Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, en fín, una pléyade de servicios, centros e instituciones que recopilan información, la procesan, la hacen pública y que además emiten recomendaciones y dictámenes. Sin llegar a ser “verdad pública”, la economía ha sido capaz de construir consensos muy sólidos sobre cómo evaluar el desempeño de una economía y la evolución de sus principales variables: no hay controversia sobre cuál es el nivel de empleo en España, o el crecimiento del PIB en los últimos años, o su nivel de deuda. Las cifras que se usan son inequívocas una vez que se confirman. Pueden existir diferentes grados de apreciación sobre el futuro, debido a los diferentes métodos de estimación, pero la mayoría de las divergencias son pequeñas. Todas las instituciones señalan que este año España crecerá entre el 2,5% y el 2,7%: ninguna dice que creceremos un 2% o un 4%. El margen de divergencia es, por lo tanto, muy pequeño.

La pregunta que nos hacemos es que si la economía es una disciplina experimental en la que el peso de la evidencia es cada vez mayor y donde una gran pluralidad de instituciones y organismos recogen, procesan y publican esa evidencia de manera abierta y transparente, cómo es posible que los políticos no se pongan de acuerdo sobre esas evidencias.

Sencillamente porque no están haciendo economía, por mucho que tengan esa titulación. Hoy no se sostiene decir que los presupuestos que pactaron PP y Ciudadanos para 2018 cumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria –todas las instituciones indicaban que estaban desviados en más de 5000 millones de euros-, ni se sostiene decir que la desaceleración llegó con el gobierno del PSOE –la tasa de crecimiento interanual de la economía española, cuando se produjo la moción de censura, ya estaba en el 2,5% del PIB- ni se sostiene decir que el posible destope de las cotizaciones de la seguridad social es un nuevo sablazo a la clase media –pues afectará sólo a alrededor del 15% de los salarios más altos- ni se puede hablar de presupuesto fake inventando una desviación presupuestaria exagerada que ha sido desacreditada por los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ni se puede presumir de presentar unas cuentas cuadradas cuando existen dudas sobre ellas, ni se sostiene decir categóricamente que la subida del SMI no afectará al empleo de determinadas personas con menor formación cuando la evidencia es contradictoria y existe tanta a favor como en contra.

Cuando la clase política actúa así, no está haciendo economía, sino economía fake. En el mejor de los casos, discursos ideológicos disfrazados de ciencia. En el peor, sencillamente mentiras con un objetivo electoral.