El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva ley del teletrabajo. Tal y como ha avanzado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, “el diálogo social ha abordado con éxito una cuestión fundamental para aunar los intereses de los empresarios con los derechos de los trabajadores”.
“Esta norma se sitúa a la vanguardia de reglamentos e instrucciones de este tipo en el resto de países europeos. Vamos avanzando en una materia en la que la pandemia ha permitido mejorar nuestro tejido productivo y acelerar la conciliación”, reconoce la ministra portavoz.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que “ha sido la negociación más difícil y más compleja realizada hasta ahora” por razones técnicas. “Es un cambio de paradigma en las relaciones laborales y en la estructura de nuestro país. Lo va a cambiar todo”, augura la ministra de Trabajo, que recuerda que la norma “rellena un vacío legal”.
“Ni el trabajador ni la empresa pueden imponer el trabajo a distancia”, ha recalcado la responsable. En la misma línea, el carácter reversible del teletrabajo también es voluntario, por lo que no hay causas de despido objetivo por el cambio. La ley, según la ministra, iguala los derechos entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia.
Uno de los puntos clave es el pago de los costes derivados del teletrabajo, que ha sido también uno de los puntos principales de debate entre los agentes sociales. Finalmente, y tal como ha afirmado Yolanda Díaz, “todos los gastos que desempeñe el gasto a distancia en el lugar que se elija son irrogados por los empresarios, tanto los gastos como el mantenimiento de los mismos”.
"No podemos estar conectados todo el día"
“Es una norma fundada en la flexibilidad interna y con derechos” que va a permitir y reforzar el derecho a la desconexión. “Lo que hemos vivido en pandemia no es trabajo a distancia. No podemos estar conectados todo el día ni trabajando todo el día”, asegura la ministra. Así, ha explicado que en el acuerdo laboral se pautará el tiempo de trabajo, mientras que el resto va a ser tiempo flexible para el trabajador.
Por otro lado, la ley incluye también un aspecto de prevención laboral, especialmente por acoso sexual en el trabajo, “no menores por el uso de herramientas digitales”, según la ministra de Trabajo. Díaz también ha anunciado nuevos mecanismos para la organización de los trabajadores y una modalidad procesal en la ley de jurisdicción social para que los trabajadores puedan defender sus derechos.
“Esta norma aumenta la productividad y aumentará sin duda la competitividad de la economía española”, asegura la responsable de Trabajo. Más de 3 millones de trabajadores teletrabajaron en pandemia, según el INE, demostrando que aumentó la productividad, tal y como ha cifrado. Además, “el teletrabajo va de la mano de la economía circular y la economía verde”, ha explicado la ministra. Estrechamente relacionado con la conciliación laboral, la ministra también ha anunciado la prórroga del programa Me Cuida.
El Gobierno también ha alcanzado un acuerdo con sindicatos y empresarios para aprobar el teletrabajo en el empleo público, es decir, para los tres millones de funcionarios de todas las Administraciones Públicas. La ministra portavoz ha indicado que esta medida se aprobará en los próximos Consejos de Ministros.
Ciencia y cambio climático
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria de 109 millones de euros para ayudas predoctorales a la ciencia, concedidos por la Agencia Estatal. El objetivo es financiar 1.100 contratos laborales de cuatro años para jóvenes investigadores que realicen su tesis en proyectos con solvencia científica y académica que pertenezcan a universidades o centros de investigación.
También se ha aprobado el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 21/30, “una herramienta cuyo principal objetivo es tener un país menos vulnerable, más seguro, más resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático”, ha explicado Montero.
La ministra portavoz ha anunciado algunas modificaciones para agilizar la concesión del Ingreso Mínimo Vital, “un antes y un después en nuestro país en nuestro combate con la desigualdad”. En concreto, consiste en extender el periodo de retroactividad desde septiembre hasta el 31 de diciembre, con efectos económicos desde el 1 de junio; así como aumentar el plazo para resolver de seis meses.
Además, ha aprobado eliminar el requisito previo de estar apuntado en el SEPE para poder optar al IMV, con la posibilidad de hacerlo después; el cruce de datos ente la administración y el padrón, “un trámite que está dificultando el proceso”, según Montero, y facilitar que los beneficiarios de IMV de comunidades pasen a serlo también a nivel nacional. La ministra ha avanzado que se aprobarán más cambios en los próximos Consejos de Ministros.
