El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley Rider, a pesar de las manifestaciones de las asociaciones de los repartidores en nueve ciudades españolas, por la que se regularán las condiciones laborales de los repartidores a domicilio de las plataformas digitales. Es decir, la nueva legislación considera a los riders como trabajadores asalariados y no como autónomos.
Las empresas tienen ahora un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para adaptarse a la nueva legislación. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado la medida y asegura que sitúa a España a la vanguardia de la legislación internacional en dicha materia.
“No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia, estamos a la vanguardia y por primera vez el mundo está mirando a España con esta norma”, ha asegurado Yolanda Díaz. “No podemos dejar el alma en nuestros portátiles o teléfonos móviles” -recalca- “No queremos jefes que griten ni dispositivos móviles que nos penalicen”.
La ministra ha agradecido el trabajo de sindicatos y patronales para alcanzar este acuerdo, en el que se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios de reparto a través de plataformas digitales. Asimismo, la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial.
Un comité de expertos asesorará al Gobierno
Para asegurar que se cumpla, la ministra ha anunciado la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno. “Esto es el comienzo. Vamos a crear ya un comité de expertos que no solo va a asesorar al Gobierno, sino que estudiará el buen uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en el mercado laboral”, anuncia Díaz.
"Necesitamos el saber de los expertos para tener solvencia y claridad sobre cómo abordamos estos aspectos porque las fórmulas matemáticas deben ser neutras (...) Tenemos ya certezas de que existen sesgos en el desempeño de las relaciones laborales y los algoritmos ya están presentes en todas las relaciones laborales, en todas las empresas", ha explicado.
“Un joven que va en una bicicleta con una app o un móvil no es un emprendedor” -asegura Díaz- “La orden no la da un empresario de forma física, sino que se escabullen a raíz de los dispositivos móviles”. La ministra ha querido recalcar así el cambio en el concepto tradicional de dependencia y ajenidad.
Plan de internalización de la economía
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado la aprobación de un plan de internalización de la economía española en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dotado con 4.681 millones de euros. La ministra ha explicado que, del total, se destinarán 2.021 millones de euros a la contratación de seguros por cuenta del Estado, que gestionará CESCE, así como 1.600 millones más para que el ICO pueda financiar nueva actividad internacional.
Por otro lado, el plan contempla 500 millones de euros para el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), otros 350 millones para el Fondo de Inversiones en el Exterior (FIEX-Cofides) y 131 millones para el Icex. Así, Cofides recibirá 44 millones incluidos en el Plan, mientras que el Fondo para Operaciones de Inversión en el exterior de las Pymes (FONPYME) gestionará otros 35 millones.
Con esta inversión, Maroto ha recalcado que la intención es potenciar el sector exterior en la recuperación económica, aumentar la participación de empresas españolas, reforzar la marca y la tecnología y encontrar nuevos mercados geográficos para situar a España “como uno de los países más atractivos para la inversión extranjera”.
Más allá de estas dos grandes medidas, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas ayudas para los consumidores electrointensivos, por un valor de 91 millones de euros, con el objetivo de abaratar su factura energética. "Así desplegamos el conjunto de instrumentos por valor de 770 millones de euros y con ello nos reforzamos en el compromiso del Gobierno de afrontar esta transición energética que tiene que hacer la industria electrointensiva con garantías", ha asegurado Maroto.
El Consejo de Ministros también ha aprobado el Código de Buenas Prácticas al que las entidades financieras podrán adherirse para facilitar la renegociación de la deuda avalada, contraída por las empresas y los autónomos, con la extensión del plazo de vencimiento de los créditos ICO a diez años.
