Comenzamos el año con una coyuntura económica que hace 365 días hubiéramos firmado con los ojos cerrados: un crecimiento de más del 2% para 2023, una inflación que, aunque alta, está en registros relativamente bajos, con un 3,1% en diciembre -y una inflación subyacente por debajo del 4%. El empleo sigue en cifras muy positivas, con más de 20,5 millones de afiliados y el paro registrado se sitúa en 2,7 millones, una cifra que no veíamos desde hace 15 años.

En total, la afiliación ha crecido en 2023 más de medio millón de empleos. En el lado negativo del balance del año, el elevado déficit público, que previsiblemente cerrará alrededor del 3,9% y que, en este año de vuelta de las reglas fiscales, supondrá un importante ajuste fiscal en 2024, un año en el que el crecimiento económico y el empleo se esperan mucho más moderados, con una variación de hasta un 1,6% del PIB y cierta ralentización en la creación de empleo. La deuda pública permanece en altísimos niveles por encima del 105%, pero la prima de riesgo no parece haberse comportado negativamente, situándose al cierre del año por debajo de los 100 puntos básicos, aunque con un mayor coste de la deuda pública, que se ve muy afectada por los altos tipos de interés que se mantendrán a lo largo de 2024 en cifras todavía por encima del 4%. Por fortuna, el Euribor, que anticipa los movimientos de los tipos de interés oficiales, se sitúan ahora mismo por debajo del 4%.

En términos estructurales, la agenda del gobierno para este año se va a ver muy constreñida por la ausencia de mayorías claras en el parlamento. Así, la actividad económica del año se centrará en los aspectos ya pactados en el marco del plan de recuperación, incluyendo no sólo las reformas ya comprometidas, sino la puesta en marcha de la adenda aprobada a finales de 2023 y que se gestionará contando con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, ahora ya bajo la presidencia de Nadia Calviño.

Cuatro retos siguen estando en nuestro haber: la reforma fiscal, que debería permitir fortalecer un cuadro de ingresos y gastos demasiado frágil, demasiado dependiente de los movimientos cíclicos y que es incapaz de ofrecer los recursos necesarios para satisfacer al mismo tiempo la necesidad de reducir el déficit fiscal y las necesidades de inversión pública para las transiciones verde y digital. España tiene presentado un libro blanco para la reforma tributaria que se dejó de lado pero que ahora sería muy interesante recuperar, aunque ese debate se mezclará inevitablemente con el segundo reto, que es la reforma de la financiación autonómica, de la que dependen buena parte de los servicios públicos en nuestro país -como la sanidad y la educación- pero que está plenamente contaminada por los debates y compromisos adquiridos en la investidura, que marcarán una negociación muy complicada con comunidades autónomas que ya parecen haber decidido que serán utilizadas como trincheras institucionales más que como espacios de autogobierno. La reforma de la financiación autonómica debe además incidir en la cohesión territorial, evitando que una parte del país se descuelgue del progreso de los grandes núcleos urbanos en torno a Cataluña, Madrid, el País Vasco o Andalucía.

El tercer reto es seguir avanzando en la reducción de la desigualdad y en mejorar las condiciones económicas y las perspectivas no sólo de las familias más vulnerables, sino también de la clase media, que ha sufrido en sus carnes buena parte de la inseguridad económica de los últimos años. Especial atención merecen las personas más jóvenes, en una situación que, de no atenderse con prontitud, terminará en un conflicto generacional alentado por algunos irresponsables.

Por último, la productividad y las reformas vinculadas a la misma. España ha avanzado en materia de transformación digital, situándose en los primeros puestos europeos -es una gran noticia- y generando más empleo del previsto en los sectores científicos, técnicos y profesionales. Son buenas noticias pero esta transformación sectorial está a medio cocinar y tendremos que proporcionar el marco y las inversiones necesarias para completarla, aun cuando se acaben los fondos Next Generation. España pondrá -por fin- en marcha el consejo para la productividad, que debe ser un foro de mejora de la productividad donde las personas expertas, los agentes sociales y la administración acuerden vías de progreso para mejorar la productividad, sobre todo, de nuestras pequeñas empresas, que son las que menos productividad tienen, las que son más vulnerables frente a los vaivenes del mercado y donde se genera la inmensa mayoría del empleo en nuestro pais.

No está mal para arrancar el año: además de estos desafíos, España tendrá que seguir negociando en el seno de la Unión Europea los inicios del diseño del nuevo marco presupuestario anual, el refuerzo del mercado único ahora que hay un calendario claro de ampliación de la Unión, y reforzar su papel en un contexto económico global cada vez más complejo. Veremos. Estrenamos nuevo ministro de asuntos económicos, un magnífico profesional que se ha fraguado en el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, en la Comisión, la AIReF y que ha sido mano derecha de Nadia Calviño en el tramo final de la legislatura. No le va a faltar tarea, sin duda.
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