La guerra de Ucrania cumplirá un año de duración el próximo mes de febrero y, tras casi doce meses, sus consecuencias energéticas y económicas se notan en todo el mundo, pero sobre todo en Europa. Los Veintisiete se vieron obligados a tomar medidas conjuntas y determinar un ahorro obligatorio para todos los Estados. España ha cumplido sobradamente su compromiso y, desde el pasado mes de agosto, ha reducido su demanda de gas en un 21% en comparación con el nivel de consumo registrado en el mismo periodo de los último cinco años. La demanda eléctrica también ha visto reducidas su cifra, aunque en menor medida, cayendo hasta el 7,5%.

Desde el Gobierno no dudan en asegurar que estas bajadas responden, en gran medida, al Plan de Más Seguridad Energética que hoy a desgranada la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así, Teresa Ribera ha celebrado los resultados que han conseguido las políticas definidas por España y asumidas, algunas de ellas, por la Unión Europea. Las últimas de estas medidas extraordinarias se aprobaron en el Consejo Europeo del 19 de diciembre y destacan la aceleración para tramitar proyectos de energías renovables, el establecimiento de compras conjuntas de gas y el establecimiento de un tope dinámico al precio del gas que se sitúa en los 180 euros/MWh.

España, aseguran desde Transición Ecológica, está actuando solidariamente con el resto de la UE, facilitando que se cubra la demanda de energía de Francia y de Portugal, principalmente. Desde el 1 de agosto, las exportaciones eléctricas a Francia, que tiene una parte muy relevante de su parque nuclear inoperativo, suman 6,7 TWh, frente a unas importaciones medias de 2,1 TWh en el mismo período de los últimos cinco años; en el caso de Portugal, cuya generación hidroeléctrica está muy mermada por la sequía, las exportaciones se han multiplicado por seis, alcanzando los 2,5 TWh.

Protección de los consumidores

Más allá del ahorro fomentado por el Gobierno en solidaridad con el resto de países de Europa, los otros objetivos del Plan aprobado en octubre buscaban proteger a los consumidores españoles. Para ello, el Ejecutivo ha aprobado e incentivado que todos los hogares con calefacción de gas cuenten con tarifas reguladas reducidas, más conocidas como TUR, incluidas las comunidades de vecinos, o que los hogares vulnerables paguen una factura eléctrica hasta un 28% más barata el pasado 2022 que en 2021, gracias al refuerzo del bono social.

En este sentido, Ribera ha indicado que, hasta el 8 de enero, las medidas han implicado un ahorro de 4.577 millones de euros para los hogares españoles. En el caso de los hogares vulnerables, su factura anual de luz se habría reducido un promedio de un 17% con respecto a 2021, mientras que en los vulnerables severos la caída sería del 28%.