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Economía

La Defensora del Pueblo de la UE investiga la relación entre Iberdrola y la ex vicepresidenta del BEI, Emma Navarro

O'Reilly se está apoyando en el Parlamento Europeo para lograr una carga política y que las instituciones afectadas cumplan sus requerimientos.

beatriz yubero
Imagen de la bandera de la Unión Europea. Fuente: Pixabay.

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La Defensora del Pueblo de la Unión Europea (UE), Emily O'Reilly,  ha anunciado que ha abierto una investigación sobre el proceso por el cual el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que es el órgano financiero comunitario de la Unión Europea y cuya función es conceder financiación para proyectos, autorizó el fichaje de su ex- vicepresidenta, Emma Navarro, por parte de Iberdrola en diciembre de 2020. La incorporación de Navarro se producía dos meses después de que dejara su cargo y tras haber financiado el BEI a la eléctrica con más de 1.200 millones de euros.

Entonces el Comité de Ética y Cumplimiento del BEI no tuvo objeciones respecto a su nombramiento. Sin embargo, O’Reilly ha abierto una investigación recientemente por parte del ECC tras la denuncia de dos eurodiputados del grupo Los Verdes: Ernest Urtasun de En Comú Podem y el alemán Sven Giegold. La Defensora del Pueblo también ha solicitado que se investiguen los documentos relacionados con las interacciones de la antigua vicepresidencia así como de Iberdrola. Realmente lo que O’Reilly busca saber es cuándo se produjo la primera toma de contacto con la energética en cuanto a una oportunidad laboral se refiere.

Según Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA, “resulta gravísimo que el Comité de Ética del Banco Europeo de Inversiones permitiese que su vicepresidenta fichara por Iberdrola sólo dos meses después de dejar el cargo y tras haber prestado más de 1.200 millones a la compañía."

La causa en marcha 

El BEI tiene hasta el 15 de octubre para responder a las preguntas que se le plantean  así como una incluir una descripción d ellas actividades de Navarro con Iberdrola durante su periodo como vicepresidenta.

Dejando de un lado las limitaciones que O’Reilly tiene al ocupar el cargo de Defensora del Pueblo, entre otras debido a que su rol es el fiscalizar a las instituciones, no a individuos particulares, lo cierto es que se está apoyando en el Parlamento Europeo para lograr que tengan una carga política y que las instituciones afectadas cumplan sus requerimientos.

 

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