Consumo bloquea 6.500 anuncios de pisos turísticos ilegales, 4.500 de ellos en Madrid

El Ministerio de Consumo y Agenda 2030 ha conseguido bloquear más de 6.500 anuncios de viviendas turísticas ilegales en España, de los cerca de 14.000 cuya retirada ha solicitado a las plataformas digitales. Madrid concentra buena parte de estas actuaciones, con alrededor de 4.500 anuncios bloqueados, una cifra que ha llevado al titular del departamento, Pablo Bustinduy, a reclamar al Ayuntamiento de la capital que intervenga para poner fin a esta actividad irregular.

El ministro ha dado a conocer estos datos este viernes en declaraciones a los medios, donde también ha advertido de que las grandes plataformas continúan permitiendo que algunos de estos alojamientos se anuncien y puedan reservarse desde el extranjero, pese a las peticiones de retirada trasladadas por el Ejecutivo.

Bustinduy ha aprovechado su intervención para dirigirse directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha exigido que «cierre los pisos turísticos ilegales» y cumpla con sus responsabilidades en materia de vivienda. En este sentido, ha ironizado sobre el discurso del Partido Popular, que suele señalar la falta de oferta como uno de los principales problemas del mercado inmobiliario. "¿No dice el Partido Popular todo el rato que el problema de vivienda es de oferta? Pues le acabo de encontrar 4.500 pisos en el centro de Madrid para que baje los precios de los alquileres", ha manifestado.

El responsable de Consumo también ha reclamado al regidor madrileño que "cumpla con su trabajo" y deje de "servir los intereses de multinacionales extranjeras que hacen negocio con los pisos turísticos ilegales". Sus declaraciones vuelven a situar la regulación de los alojamientos turísticos en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades, donde la presión sobre el mercado del alquiler continúa siendo uno de los principales problemas.

Por otra parte, Bustinduy ha celebrado la convalidación del decreto ley de vivienda aprobada este jueves, poniendo el foco en la prórroga de los contratos de alquiler que vencen hasta 2029. Según ha destacado, esta medida permitirá que cinco millones de personas puedan acogerse a la extensión de sus contratos, con un ahorro medio superior a los 4.000 euros durante los próximos años.

De las inspecciones a las plataformas digitales: la ofensiva contra los pisos turísticos ilegales en España

La actuación contra los pisos turísticos ilegales en España ha ido ganando intensidad durante los últimos años, aunque la responsabilidad de perseguir estas actividades se encuentra repartida entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Uno de los momentos más relevantes llegó en 2024, cuando el Ministerio de Consumo comenzó a investigar los anuncios publicados en portales de alquiler vacacional y abrió expedientes sancionadores por mantener publicidad de viviendas que no cumplían los requisitos legales. En marzo de 2025, el departamento de Pablo Bustinduy trasladó al Ayuntamiento de Madrid información sobre más de 16.000 anuncios detectados en la capital, frente a las 1.131 licencias concedidas entonces por el consistorio.

La actuación adquirió una nueva dimensión con la entrada en vigor, en enero de 2025, del registro único de alquileres de corta duración, que obligaba a los propietarios a obtener un número identificativo para anunciar sus inmuebles en plataformas digitales. Desde julio de ese año, disponer de esta identificación pasó a ser obligatorio. Según los datos, el Ministerio de Vivienda había solicitado hasta abril de 2026 la retirada de más de 100.000 anuncios que no habían acreditado los requisitos necesarios para obtener el registro.

Consumo también ha llevado sus actuaciones al terreno judicial. En julio de 2025, Airbnb retiró alrededor de 65.000 anuncios después de recibir los requerimientos del ministerio, que además le impuso una multa de 64 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó posteriormente estas actuaciones en dos resoluciones, al considerar ajustadas a derecho las medidas cautelares adoptadas para eliminar miles de anuncios irregulares.

Sin embargo, el marco estatal sufrió un revés en mayo de 2026, cuando el Tribunal Supremo anuló el registro único al considerar que invadía competencias autonómicas en materia de turismo y vivienda. La decisión no supuso la desaparición de las normativas regionales y municipales, que continúan determinando los requisitos para desarrollar esta actividad.

A pesar de este contratiempo, las actuaciones administrativas han continuado. En noviembre de 2026, Consumo comunicó a dos plataformas la detección de otros 8.352 anuncios presuntamente ilícitos por carecer de identificación válida o utilizar números de registro falsos. Además, ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid información sobre 4.443 anuncios bloqueados en España que todavía podían consultarse desde el extranjero.