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El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado incialmente en el pleno extraordinario celebrado este jueves la modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2027 para incorporar el incremento de hasta el 150% del IBI a los alojamientos turísticos a partir del año que viene convalidada el pasado viernes en una comisión de Economía y Hacienda. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los grupos del PSC, ERC y BComú; la abstención de Junts y el voto en contra de PP y Vox.
La aprobación provisional de la subida del IBI permitirá que la nueva ordenanza inicie el periodo de información pública durante un plazo de treinta días hábiles, contados desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y que pueda someterse a votación definitiva en el pleno de diciembre. Si la propuesta sale adelante, el recargo se devengará por primera vez el 31 de diciembre de 2027 y se liquidará anualmente.
El importe del recargo del IBI dependerá de la cantidad de licencias de alojamientos turísticos del titular. En concreto, la propuesta del Gobierno municipal establece un recargo del 50% por alojamiento para los titulares de una vivienda de uso turístico (HUT), del 100% cuando el titular disponga de dos o más HUT y del 150% cuando sea propietario de cuatro o más viviendas destinadas a este uso.
De esta manera, Barcelona se acoge a la posibilidad que abre el nuevo decreto sobre medidas de protección de la vivienda aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros. Este habilita a los consistorios de municipios declarados zona tensionada del mercado del alquiler a introducir este cambio en sus ordenanzas fiscales.
Valls asegura que Barcelona utilizará "todas las herramientas posibles" para frenar los pisos turísticos
En el debate de la modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2027, el teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls, ha señalado que el Gobierno municipal utilizará "todas las herramientas posibles" para luchar contra la actividad del los pisos turísticos. En este sentido, el Ayuntamiento anunció en 2024 la prohibición de este tipo de alojamientos en la capital catalana a partir de noviembre de 2028. "Una vivienda no es un activo económico", ha defendido.
Asimismo, Valls ha concretado que en la capital catalana hay 10.600 licencias activas y que 6.000 son las que se verán afectadas por el incremento del IBI del 150%, mientras que a 1.200 se les aumentará un 100%. El teniente de alcalde de Vivienda ha afirmado que estos datos demuestran que la subida de esta tasa "está justificada" para poner en marcha un proceso de desincentivación de la actividad.
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