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El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes en una comisión de Economía y Hacienda extaordinaria un incremento de hasta el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos turísticos a partir de 2027. Este aumento tributario es posible tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de uno de los dos reales decretos-leyes en materia de vivienda convalidados el martes por el Consejo de Ministros y pendientes ahora de que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados les dé luz verde, el cual modifica a Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los consistorios de municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado puedan aplicar un recargo a los alojamientos de uso turístico.
La medida ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC y Barcelona en Comú, la abstención de Junts y el rechazo de PP y Vox. El siguiente paso para la aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2027 será llevarla a un pleno extraordinario para su convalidación inicial y, finalmente, se votará una última vez en la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento del mes de diciembre. En caso de que la iniciativa prospere, el recargo del IBI a los pisos turísticos se devengará por primera vez el 31 de diciembre de 2027 y, a partir de entonces, se liquidará anualmente.
El importe del recargo del IBI dependerá de la cantidad de licencias de alojamientos turísticos del titular. A los propietarios de un apartamento vacacional se le aplicará un aumento del 50%, a los que cuenten con entre dos y tres se les subirá un 100% y para los que dispongan de cuatro o más se incrementará un 150%.
Según los datos del Ayuntamiento, actualmente hay en Barcelona un total de 10.627 licencias de pisos turísticos activas, las cuales caducarán como tarde en noviembre de 2028, con la entrada en vigor de la prohibición de este tipo de alojamientos en la capital catalana anunciada por el alcalde, Jaume Collboni, en 2024 y que permite una regulación aprobada por el Parlament de Cataluña. Del total de permisos, un 30,81% (3.274) son de titulares con un único apartamento turístico, un 12,01% (1.276) de propietarios con dos o tres y un 57,18% (6.077) de poseedores de al menos cuatro.
En la comisión celebrada este viernes, el teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls, ha señalado que hasta que se hayan prohíbido los pisos turísticos en Barcelona el Ayuntamiento utilizará todas las herramientas en su abasto para dificultar el desarrollo de este tipo de alojamientos. Asimismo, ha apuntado que desde el Gobierno municipal creen que las viviendas no son un activo que deba “relacionarse como una actividad económica dentro del ámbito del turismo”.
“No deja de ser curioso que una actividad económica que se desarrolla en un piso se quiera relacionar con el Ayuntamiento como si fuese un ámbito residencial”, ha declarado Valls, que ha asegurado que lo que hace el Consistorio con el recargo del IBI a los apartamentos turísticos “es endurecer y desincentivar esta actividad dentro del marco de la ciudad”. Además, ha defendido que “es una medida plenamente justificada” debido a que, como muestran los datos que indican que un 60% de los permisos pertenece a titulares de cuatro o más alojamientos, el alquiler de viviendas de uso turístico “tiende a la concentración de licencias”.




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