Las principales constructoras españolas se han sumado a la ya larga lista de damnificados por las medidas económicas del Gobierno y han desenterrado el hacha de guerra contra la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la que acusan de preparar una “expropiación encubierta” de las autopistas de peaje, “al más puro estilo del comunismo bananero”, dicen algunos empresarios, que sin embargo reconocen que tendrán que pasar por el aro y dejarse las pestañas en el nuevo plan de salvamento de las autopistas de peaje.
Expropiación en la sombra
Las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital con el Aeropuerto de Barajas, la que conecta Madrid con Toledo (el paralelo a la autovía gratuita) y las que van de Ocaña a La Roda, de Cartagena a Vera o la circunvalación de Alicante, todas ellas de peaje, tienen una intensidad de tráfico mucho menor del previsto, acumulan una deuda difícil de pagar de 3.500 millones de euros y cinco de ellas están en concurso de acreedores, habiendo nombrado los juzgados de lo mercantil al Ministerio de Fomento administrador judicial. Las empresas adjudicatarias llevan más de tres años intentando buscar soluciones, primero con el Gobierno Zapatero, que dio créditos participativos, y ahora con el de Rajoy que no está dispuesto a poner ni un euro más y prepara una expropiación en la sombra.
Sociedad Pública
El Ministerio de Fomento tiene un plan que se basa en la constitución de una sociedad pública de autopistas, en la que el 80% del capital será del Estado y el 20% restante se repartirá entre las grandes constructoras propietarias de las autopistas en quiebra (FCC, Abertis, OHL, Sacyr, Ferrovial y Globalvía –participada por Bankia-). Estas empresas traspasarán a la empresa pública la titularidad de las autopistas y su deuda y a cambio recibirán una participación en la compañía. Después la empresa titulizará la deuda a través de la emisión de bonos que alargarán el pago a 40 años pero que tendrá un coste en intereses durante esas cuatro décadas.
La etapa de Álvarez Cascos
La raíz del problema radica en los pliegos de condiciones de las concesiones, que en el caso de las radiales de Madrid, las que mayores dificultades atraviesan, vienen de la etapa de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento del Gobierno de José María Aznar. En esos contratos se especificaban unos costes de expropiaciones que han sido sobrepasados por la realidad en 1.700 millones de euros y se señala que en caso de peligro de quiebra, cosa que ha ocurrido ya por la diferencia entre el tráfico de vehículos previsto y los pocos que las transitan, el Estado tendría que hacerse cargo de ellas. Eso supondría la devolución de las concesiones y el pago a las constructoras de las indemnizaciones que fijaran los tribunales.
Un problema estadístico
Pero la ministra de Fomento ha encontrado una solución para quedarse con las autopistas (el 80% de la propiedad será del Estado) sin tener que expropiar y, por tanto, sin indemnizaciones. La deuda acumulada (3.500 millones) y el sobrecoste de las expropiaciones que hicieron las constructoras (otros 1.700 millones de euros) supondrían cargar a la deuda pública española con otro 5% del PIB. Pero si la asume una empresa con mayoría de capital estatal suma deuda a efectos globales, pero no en la contabilidad de déficit excesivo de Eurostat. Algo muy complicado pero que salva los muebles de las estadísticas del Gobierno que finalmente expropia las autopistas por la puerta de atrás y con el aparente acuerdo de los interesados.
Pérdidas compartidas
Los empresarios, sin embargo, no están muy de acuerdo con la solución, porque la entrega de las autopistas por un porcentaje pequeño en el capital de la sociedad pública lo consideran una auténtica nacionalización de “comunismo bananero”, en palabras de uno de ellos, porque se hace a cambio de nada y después será el Estado quien vuelva a privatizarlas cuando funcionen. Mientras tanto, todos los españoles, transiten o no por estas autopistas, serán los dueños del 80% de los ingresos, de los gastos y de las cuantiosas pérdidas que se les prevé para los próximos años.
Fórmula Zapatero
En el fondo, los empresarios preferirían una fórmula mixta, en la que el Gobierno diera a las empresas préstamos participativos, como los que se dieron en la etapa de José Blanco como ministro de Fomento de Zapatero, y a la vez se buscara una solución para satisfacer, aunque fuera a largo plazo, el sobrecoste de las expropiaciones. Los créditos participativos son préstamos a largo plazo que computan prácticamente como capital social, ya que en caso de quiebra o concurso de acreedores están detrás de todos los demás acreedores a la hora de cobrar, y sólo por delante de los accionistas.
