El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, una norma que servirá para fortalecer, sistematizar y dar estabilidad y calidad al proceso de análisis de las diversas políticas puestas en marcha por el Estado Central. La evaluación de las políticas públicas está consolidada como una herramienta de mejora y de aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer eventuales correcciones y, en última instancia, rendir cuentas a la ciudadanía, tal y como ha informado el Gobierno tras su aprobación.
La aprobación de esta norma, presentada en Consejo de Ministros en primera vuelta, constituye uno de los hitos del Componente 11 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, relativo al refuerzo del sistema de evaluación de las políticas públicas. Además, dicha ley ahonda en las recomendaciones efectuadas tanto por la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quienes han señalado la necesidad de fortalecer la institucionalización y la cultura de la evaluación de las políticas públicas.
Esta ley, que el Ejecutivo pretende tramitar por la vía de urgencia, tiene como objetivo implantar y fortalecer una organización básica para poder llevar a cabo ese análisis en el ámbito de la Administración General del Estado, dotándolo de estabilidad, calidad en su desempeño y universalidad en su ejercicio.
Las novedades
Los principales elementos de la nueva norma son el establecimiento de un mecanismo de planificación estable de evaluación para toda la Administración General del Estado, para lo que se diseñará un sistema de indicadores comunes. Además, se pretende reforzar la evaluación ex ante, previo a la aprobación de las políticas públicas, y se quiere emplear los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas. Se pretende fomentar, asimismo, una cultura evaluadora en el conjunto de la Administración, propiciando un cambio en los paradigmas al integrar la evaluación de políticas públicas como herramienta de mejora, rendición de cuentas y transparencia.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuenta con una dilatada experiencia en la evaluación ex post de revisión del gasto público. Lo que el Gobierno pretende con esta ley es ampliar el enfoque y dar un carácter transversal a la evaluación de políticas públicas. Además, la nueva ley contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas para coordinar y supervisar el sistema público de evaluación.
Con esta medida, España aborda de manera transversal la evaluación de las políticas públicas, con el fin de analizar y evidenciar el impacto de estas políticas en cuestiones tan determinantes para la sociedad y la mejora del Estado de Bienestar como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la despoblación y el reto demográfico, el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y las directrices europeas o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Arranca el trámite de consultas
La norma, que ahora inicia el trámite de consultas, aprobará los conceptos y características generales en evaluabilidad y evaluación de políticas públicas, ya sea ex ante, intermedia o ex post. En concreto, se introduce un enfoque transversal, integral y participativo en las evaluaciones de políticas públicas y refuerza las evaluaciones ex ante a través de dos elementos.
Por un lado, la incorporación del análisis de evaluabilidad previo a la aprobación de las políticas públicas, con el fin de mejorar la calidad de su formulación y la existencia de los elementos necesarios para abordar con efectividad una posterior evaluación. Por otro lado, el establecimiento de obligaciones de planificación de evaluación para determinadas políticas públicas por razón de su relevancia o duración.
De esta forma, con este nuevo enfoque, la evaluación de políticas públicas tendrá como objetivos finales: optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, con recomendaciones a su diseño e implementación, y mejorar la planificación y los instrumentos de la acción pública; impulsar la innovación en la actuación del sector público, facilitando el contraste de ideas, promoviendo la creatividad y el máximo provecho de los recursos para colaborar en una gestión pública moderna, participativa, abierta y útil para solucionar o mejorar los problemas y retos sociales.
Además, los objetivos pasan por colaborar para que el sector público estatal sea eficaz en la asignación y utilización de los recursos, así como en el uso de los principios de buena gestión económico-financiera y sostenibilidad presupuestaria de las finanzas; permitir, con sistemas de recogida, valoración y difusión de la información, el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad o contribuir a mejorar la situación de los retos de la sociedad, tales como la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial, la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, entre otros.
Sistema de indicadores comunes
Para lograr esos objetivos, la ley contempla la creación de un sistema de indicadores comunes para acometer dichos procesos de seguimiento de las políticas, aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública. Asimismo, la norma permitirá diseñar una estructura organizativa para la gobernanza de la práctica evaluadora, así como definir los procesos, sistema de recogida de datos e indicadores y la planificación básica en materia evaluadora en la Administración General del Estado.
En ese sentido, con carácter general, la evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar. Además, la ley contempla el diseño de planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos.
Esta norma también establece cómo se llevará a cabo la evaluación de las políticas públicas a nivel estatal con dos instrumentos disponibles. Por un lado, el Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal y que será aprobado por parte del Consejo de Ministros tras su elaboración por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Mediante este plan cuatrienal se evaluarán las políticas públicas que se consideran relevantes y estratégicas desde el punto de vista social y económico.
Por otro lado, el Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada Ministerio. Este tendrá una periodicidad bienal y contempla tanto la obligación de evaluación ex ante y ex post de las políticas de relevancia para cada departamento; y la obligación de efectuar una evaluación intermedia en las políticas que duren cuatro años o más. Este Plan departamental será aprobado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, tras su presentación a la Comisión Superior de Evaluación.
Creación de una Agencia Estatal
Una de las medidas principales que contempla esta norma es la creación de la citada Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, organismo público, que se encargará de supervisar, coordinar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales. Esta agencia se encargará de diseñar dos herramientas clave para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública.
Esas dos herramientas pasan por un servicio web común para todos los departamentos, diseñado específicamente teniendo en cuenta las peculiaridades de la planificación pública, que permita realizar el seguimiento de los indicadores de los proyectos, así como en su caso, de los principales hitos y avances. Por otro lado, el diseño de un portal temático sobre evaluación, en el que se incluirá el portal de comunicación institucional, y que se constituirá como nodo digital de la red de expertos, y de renovación y refuerzo de los procedimientos y sistemas tradicionales de coordinación e intercambio de datos, así como de transparencia.
Con la idea de constituir una estructura que consolide el marco institucional de la evaluación de políticas públicas, además, se pondrán en marcha unidades de coordinación departamentales, encargadas de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de evaluación de políticas públicas de cada Ministerio.
Para fomentar la coordinación entre las diferentes carteras del Gobierno se creará la Comisión Superior de Evaluación, un órgano colegiado interministerial de cooperación y participación en la Administración General del Estado. Asimismo, se propiciará la participación de la sociedad civil mediante la creación de un Consejo General de Evaluación, donde entidades, organizaciones y asociaciones ayudarán al fomento de la cultura evaluadora.
