Las comunidades autónomas han salido fortalecidas de la gestión descentralizada de la pandemia de coronavirus. Esta es una de las principales conclusiones del XXXI Informe de las comunidades autónomas que el Observatorio de Derecho Público de la Universidad de Barcelona ha presentado este jueves en el marco del X Foro de las Autonomías, celebrado en el Senado.
"La pandemia ha modificado muchas cosas desde marzo", asegura el informe, basándose en la declaración y sucesivas prórrogas del estado de alarma y problemas en su organización. Ante esto, aseguran que la improvisación de diversos modelos, que no se habían experimentado previamente, han generado inseguridad jurídica y controversias sobre las restricciones de derechos y la eficacia de las medidas.
La unidad de la clase política, también en la lucha contra el virus, "pese a ser una evidente dirección política de Estado, ha sido bastante escasa", denuncian los autores del informe. Sin embargo, el Estado autonómico parece haberse fortalecido en la fase descentralizada de la alarma donde las comunidades autónomas han asumido importantes responsabilidades.
El informe recalca que se ha intensificado el ejercicio de las competencias estatales y autonómicas en materia de sanidad, evidenciándose problemas en la coordinación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que la pandemia ha revitalizado. Así, impulsadas por las necesidades creadas por la pandemia y la intensa descentralización de las medidas, se han celebrado 17 Conferencias de Presidentes, y 66 reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como dos reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Pero la eficiencia de la coordinación ha sido mejorable", critican.
El informe analiza las distintas aristas de la actividad de las autonomías durante el ejercicio pasado. Además de dedicar un capítulo a la realidad de cada una de las 17 autonomías, recoge en tres monográficos un análisis de las relaciones entre Estado y comunidades autónomas durante la pandemia, por el profesor Francisco Velasco Caballero, una disección de la Ley de Derecho a la Educación y su impacto para las autonomías, realizada por la profesora María Isabel Álvarez Vélez, y un detallado examen del desafío implícito al programa NextGenerationEU, a cargo de los profesores Alfredo De Feo y Tomás Ruiz de la Ossa.
Conflicto político e inestabilidad en Cataluña
El año autonómico ha vuelto a caracterizarse por el conflicto político y la inestabilidad en Cataluña. Los autores explican que al principio del año se creó una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat en la que, en contra de lo previsto, su trabajo ha estado prácticamente suspendido por la radicalización de las posturas y la necesidad de concentrarse en la solución de los urgentes problemas provocados por la epidemia.
Los órganos judiciales condenaron a la pena de inhabilitación de Quim Torra por desobedecer reiteradamente las instrucciones de la Junta Electoral Central, lo que produjo su cese como presidente de la Generalitat. Sobrevino entonces una disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones el 22 de diciembre ante la imposibilidad del Parlamento catalán de elegir un nuevo presidente. Los comicios se celebraron en febrero de 2021 y mantuvieron el impasse o bloqueo de la situación. Así, sigue otro año más la inestabilidad en Cataluña, internamente, dentro del Consejo Ejecutivo y el Parlamento, y, externamente, en su relación con el Estado.
En palabras de los autores, “el conflicto contamina el funcionamiento del Estado autonómico”. "Quizás urge esperar hasta que las cosas caigan por su peso, o se resuelvan por agotamiento, o porque finalmente se encuentre quien asuma la responsabilidad política de la dirección de un proceso unilateral de secesión, sin respeto a las leyes, largo, costoso, con escasos frutos y que ha provocado serios problemas de gobernabilidad", matiza el informe.
El año Covid ha supuesto también un nuevo retraso en la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Para los autores, el nuevo modelo debería contemplar por un lado la necesidad de revisar los desequilibrios entre comunidades autónomas y Gobierno y, por otro, las desigualdades en financiación entre autonomías de régimen especial o foral y de las de régimen general deberían abordarse, previendo unos mecanismos de convergencia progresiva, como el refuerzo de ciertos fondos y la mejora del modelo de nivelación.
En paralelo a la inestabilidad política, las autonomías han tenido que adaptarse al trabajo telemático, la disminución de la actividad legislativa al tiempo que aumentaba el número de decretos leyes, el aplazamiento de las elecciones en el País Vasco y Galicia, el deterioro de la economía y el consecuente incremento del gasto público y las medidas de recuperación europeas, diversos modelos constitucionales de alarma, el caso de Madrid, la autorización judicial de las medidas sanitarias y ciertos desencuentros, aunque contenidos, en algunas comunidades autónomas.
