Isabel Díaz Ayuso sigue luchando por conseguir que la Comunidad de Madrid se convierta en un paraíso fiscal para millonario. Desde que llegó a la Puerta del Sol, la presidente autonómica ha fulminado impuestos que solo afectan a los más ricos y ha aprobado desgravaciones para millonarios. Las ayudas han pasado a destinarse a las clases privilegiadas y mientras las clases populares no reciben ni las que se costean con dinero del Estado. Otras regiones, como Andalucía, han decidido seguir su camino, motivo por el que el Gobierno de coalición tomó cartas en el asunto.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez definió un nuevo Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, destinado a puentear las medidas antiimpositivas de las Comunidades Autónomas que decidieron eliminar el Impuesto de Patrimonio que tan solo pagan los más ricos. Este nuevo gravamen temporal (2023 y 2024) afecta a los patrimonios netos superiores a los tres millones de euros que se encuentre domiciliados en una comunidad donde no se paga el correspondiente tributo de patrimonio, motivo por el que nueve de cada diez pagadores de este impuesto son de Madrid.
El Ejecutivo de Ayuso no acepta que los ricos tengan que pagar por su patrimonio y en un nuevo pataleo ha anunciado que acometerá nuevas acciones judiciales al considerar que el impuesto “invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera”. Para ello, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que se suma al recurso interpuesto el pasado mes de marzo ante el Tribunal Constitucional al considerar que el gravamen “vulnera varios principios recogidos en la Constitución Española” y “atenta contra la autonomía regional”.
El Gobierno de los ricos de Ayuso califica como “confiscatorio” que aquellos que más tienen, concretamente más de tres millones en patrimonio quedando excluida la vivienda habitual hasta 300.000 euros, paguen impuestos. En Madrid son poco más de 10.000, el 0,15% de la población, y pagan 555 millones. “No se ha justificado la creación del gravamen al no existir una necesidad recaudatoria real”, señalan desde el Ejecutivo madrileño mientras recortan en ayudas y servicios públicos y no pagan las ayudas del alquiler a las personas más machacadas por el sistema económico.
El Gobierno se plantea ampliar el impuesto
Este curso, según ha comunicado el Ministerio de Hacienda, el impuesto ha recaudado 623 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 12.010 grandes patrimonios, el 0,025% de la población y el 0,1% de los contribuyentes españoles. Del total, 10.302 contribuyentes pertenecen a Madrid, donde se han aportado 555 millones, 865 a Andalucía, donde se han recaudado 29,7 millones, y 91 a Galicia (9,8 millones). El 95% de los ricos que no pagan impuestos por patrimonio se localizan en estas tres Comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Este impuesto es la solución que ha encontrado el Gobierno de coalición para recaudar lo que los dirigentes populares han decidido perdonar a los ricos. Ahora, María Jesús Montero, líder de la cartera de Hacienda, se plantea ampliar el tiempo de vida del gravamen, previa negociación con las autonomías. "Debemos tener la capacidad entre todos de dialogar, ver cuál es la manera más eficaz de poder hacer que esas fortunas paguen", seña, para después precisar que "hasta que se produzca este debate, se mantendrá este impuesto".
La recaudación de más de 600 millones se realiza por tramos. Así, los patrimonios de entre tres y cinco millones están gravados con un 1,7%, los ubicados entre cinco y diez pagan el 2,1% y el valor asciende al 3,5% para los patrimonios de más de diez millones. "Es un buen dato y, sobre todo, es el objetivo político cumplido que consistía en que la proporcionalidad en el pago de impuestos se respetara".
La recaudación total por el Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas y por el Impuesto sobre el Patrimonio asciende en 2023 a más de 1.868 millones de euros. Estas cifras son consecuentes con las previsiones del Gobierno que apuntaron que el potencial recaudatorio del impuesto de grandes fortunas alcanzaba los 1.500 millones.
La pretensión del Gobierno es que los multimillonarios no dejen de pagar, en detrimento de las cuentas públicas y, en consecuencia, de los servicios públicos. El Ministerio de Hacienda está abierto a negociar con las comunidades autónomas el método, pero el resultado "tendrá que arrojar que las grandes fortunas tienen que aportar en la medida proporcional que están haciendo el resto de la renta", por lo que "con una u otra fórmula" deberá haber recaudación, sentenciaba Montero.
