Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a salir en defensa de los que más tienen. Así lo ha hecho en el círculo de empresarios ‘La fuerza de ser libres’, organizado por Madrid Foro Empresarial, donde ha asegurado que su Gobierno continuará bajando impuestos en pleno derrumbe de los servicios públicos madrileños. “Lo recurriremos ante los tribunales”, ha anunciado también. Su defensa de los ricos, en esta ocasión, se ha focalizado en una dura crítica al Impuesto de Solidaridad, que afecta a aquellas fortunas superiores a los tres millones de euros de las comunidades autónomas donde el Impuesto sobre el Patrimonio ha sido eliminado.
“No asumimos el mantra de la desigualdad con la que alimentar enfrentamiento social”, ha señalado, asegurando que el gravamen a los ricos es un “perjuicio para las capas intermedias y las clases medias”. Precedida por un discurso de señalamiento contra el Gobierno de Sánchez y de ensalzamiento de la ‘libertad’ del Ejecutivo madrileño, realizado por Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, ha asegurado que la implantación del nuevo tributo, diseñado para combatir el dumping fiscal de las CCAA del PP, hará perder a Madrid 5.000 millones de euros y ahuyentará a capitales. “Nos negamos a hacer ingeniería social”, ha afeado.
El impuesto a las grandes fortunas duramente criticado por la presidenta, también conocido como impuesto de solidaridad, es la medida estrella del paquete fiscal aprobado en la madrugada del pasado jueves por una amplia mayoría del Congreso. Tendrá vigencia a partir de 2023 y busca repartir el coste de la guerra. El ejecutivo estima recaudar un total de 3.140 millones de euros en los dos próximos cursos y tan solo afectará a 23.000 contribuyentes, el 0,1 de la población. Dentro de este selecto grupo de ricos, se contemplan tres tramos progresivos: entre los tres y los cinco millones donde el tipo será del 1,7%; entre los cinco y los diez del 2,1%; y para las fortunas superiores a los diez millones será del 3,5%.
Como es costumbre, para criticar este nuevo gravamen Ayuso ha traído a colación a los independentistas. “Se están tomando decisiones políticas terribles para la inversión. La redacción de leyes de manera chapucera, señalando a los jueces, la violación del estado de derecho, adaptando el código penal al gusto”, ha enumerado. "Lo de Navarra es la antesala para echar a la guardia civil del todo y hacerlo en otros territorios […] A los empresarios les quedan escasos márgenes y el empobrecimiento masivo empuja a la subvención […] Aquí vienen los ciudadanos a que los dejen en paz. Nuestro proyecto de vida, durante la pandemia, enamoró, así que, efecto capitalidad ninguno”, ha ido intercalando indistintamente.
Reconoce promelas en la sanidad, pero vuelve a señalar a los médicos
La líder del PP madrileño ha vuelto a señalar a los sanitarios, aunque de forma más comedida, a los que ha acusado de tomar decisiones de forma unilateral. “La Comunidad de Madrid estaba negociando con uno de los sindicatos que ha convocado esta huelga y que no está secundando todo el sector. Lo hicieron de manera unilateral, tanto la convocatoria, como la ruptura de las negociaciones en la mesa y los cambios de criterio. Hoy van a otra consejería a manifestarse. No buscan negociar”, ha asegurado.
No obstante, en esta ocasión ha reconocido que existen “problemas evidentes que lastran a la atención primaria”, pero ha añadido que no considera que esto signifique “que toda la sanidad está mal”. “Somos conscientes de que tenemos mejorar la situación del empleo de los profesionales sanitarios y estamos preparando medidas para trasladarlas al conjunto de la sanidad pública”, ha garantizado Ayuso, que ha concluido sus declaraciones transmitiendo que su aspiración es “que el sistema sanitario sea mucho mejor que antes de la pandemia”.
