Andorra está sufriendo las consecuencias de la especulación inmobiliaria y cada vez es más complicado para los residentes del país, al margen de los millonarios que van a allí a no pagar impuestos, encontrar una vivienda a un precio asequible. Fortunas extranjeras llegan al país de apenas 90.000 habitantes para invertir en casas y hacer negocio subiendo los precios hasta niveles inasumibles para la ciudadanía. Con esta tesitura, el Gobierno andorrano ha tenido que tomar cartas en el asunto y ha prohibido a los extranjeros comprar vivienda.

El encarecimiento acumulado el último año roza el 20%, víctima de entradas de inversión inmobiliaria extranjera que alcanzan los 1.000 millones en los últimos seis años. La idea del Ejecutivo es aprobar una figura impositiva que grave este tipo de operaciones, pero mientras se negocia y construye esta herramienta se ha aprobado esta moratoria temporal para evitar un efecto llamada que aproveche los instantes previos a la definición del gravamen. Con lo que se recaude del impuesto, el Gobierno prevé construir vivienda asequible que revierta la situación.  

Las previsiones apuntan a un periodo de tres meses con esta prohibición, momento en el que se espera contar ya con una nueva ley. El gravamen que se contempla podría ascender al 10% en las adquisiciones de viviendas por parte de extranjeros. Además, se pretende aumentar las tasas de desinversión en un periodo menor de diez años. Así pretende frenarse el aumento del 23,1% de venta de inmuebles que se registró el pasado año, según datos del organismo estadístico de Andorra.

La política ha sido celebrada por la izquierda española, que lamenta que en nuestro país no se vaya tan lejos a la hora de evitar la especulación inmobiliaria y el encarecimiento del parque de vivienda. “Hasta Andorra lo ha entendido”, ha señalado Alejandra Jacinto, miembro de Podemos y portavoz de Vivienda de Sumar, a través de sus redes sociales.

Un problema cocinado a fuego lento

A finales de 2019, el Ejecutivo de Xavier Espot congeló la subida de los alquileres, medida que, aunque iba a ser temporal, está aún en vigor. No obstante, existía un resquicio en la norma que está posibilitando a los caseros el desalojo de inquilinos. Así, aquellos inmuebles que se acredite que deben ser reformados podrán vaciarse. El caso de Andorra es paradigmático y desmonta el mantra liberar, tantas veces fracasado, que asegura que a mayor vivienda construida, precios más baratos.

Resulta que el país vecino de España está atravesando justo la situación contraria. Nunca se había construido tanto en tierras andorranas y jamás el mercado había estado tan inaccesible para los ciudadanos. Miles de pisos construidos con inversión extranjera permanecen vacíos entre sus calles, pero la oferta de alquiler es nula. La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda de Andorra, Conxita Marsol, ya avisaba a finales de julio de que no contaban con “suficientes viviendas” para la mano de obra que llegaba al país.

La población de Andorra, atraída por las ventajas fiscales del país, ha aumentado a un ritmo frenético en los últimos años, pasando del entorno de 70.000 a los 85.000 habitantes. Un incremento inasumible para un pequeño territorio que no ha podido crecer en infraestructuras tan rápido como lo ha hecho en población. Durante esta última legislatura, el presidente asegura haber sumado más de 770 pisos al mercado del alquiler, pero no está siendo suficiente.

Esto lo complementaba Espot, que adelantaba que muchas personas ya se estaban viendo obligadas a “instalarse en zonas fronterizas” ante la incapacidad de encontrar alquileres en el pequeño país. “Es una medida puntual que contribuirá a afrontar la problemática que tiene el país en escasez de vivienda de alquiler a precio asequible, como paso previo necesario durante este otoño para el establecimiento de un tributo sobre la inversión extranjera en inmuebles”, ha explicado Marsol.

En sentido puesto, a principio de año el líder del Ejecutivo aseguraba que estaban trabajando en un programa para incentivar la compra de inmuebles, especialmente, las primeras que quieran hacer los jóvenes. Espot defendía que su equipo había realizado durante su tiempo en el poder una "política centrada en la protección de las personas y las familias, en el estímulo del mercado de viviendas de alquiler i en la gobernanza". Su intención era "fomentar un crecimiento sostenible, ordenado y con una gestión eficiente de los recursos", cometido en el que ha errado.