El acceso a la vivienda en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso es una utopía para gran parte de la población. La inexistencia de leyes autonómicas que regulen los disparatados precios, la negativa a asumir las normas nacionales, la falta de vivienda pública y la negativa a pagar las ayudas destinadas al alquiler son los ingredientes del cóctel servido a los especuladores inmobiliarios. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha acudido al rescate de su presidenta, con la solución para acabar con el problema de vivienda en la ciudad: rifar 102 viviendas como si de una tómbola se tratase.

La espectacularización de la pobreza se ha convertido en una de las banderas de los Ejecutivos del PP madrileño que, mientras recortan ayudas públicas, arrojan migajas al suelo para que los hambrientos se maten por ellas. Un regalo envenenado para todas aquellas familias que no pueden acceder a la compra o el alquiler de una vivienda a un precio asequible porque la misma administración que busca agradecimientos por sortear 100 pisos se niega a regular el mercado inmobiliario.

La ley de Vivienda que topa alquileres con la definición de zonas tensionadas ha sido recurrida por el Gobierno de Ayuso y no se aplica en Madrid. La presidenta de la Comunidad tampoco tiene ninguna prisa en repartir el Bono del Alquiler Joven de 2022 y 2023, pagado por el Estado, y tan solo ha desembolsado un 20% de lo correspondiente al año pasado, de este ni hablemos. Mientras, la Comunidad de Madrid ha construido 843 viviendas en 17 años. La solución propuesta es no desempeñar las funciones de Gobierno y que el mercado se regule solo.

La Administración madrileña ha construido una media anual de 49 viviendas protegidas entre 2005 y 2022. Ahora, Almeida juega a la feria con 102 pisos. Un formulario con cambios en pleno trámite de solicitud y miles de peticiones desesperadas por un hogar. Puede que el alcalde saque una papeleta de un sombrero o quizá organice una yincana para divertir a constructores y rentistas. Una ciudad de casi tres millones y medio de habitantes y más pisos turísticos que alquileres asequibles afronta que la política de vivienda de su gestor se fundamente en sorteos.

El alcalde de la capital sigue la línea de la líder del Partido Popular, defensora de los desamparados con más de 10 pisos. Cuatro años de Ayuso en el poder dejan un saldo de 77 viviendas públicas más (19 por año). La mayor política en materia de vivienda de la Comunidad la dictó un juez, que obligó al Gobierno autonómico a recomprar 1.721 inmuebles que había vendido el pupilo de Esperanza Aguirre, Ignacio González, a un fondo de inversión. Las ayudas no llegan y el plan de gentrificar por anillas Madrid, desterrando a los trabajadores de sus barrios, le está saliendo a la presidenta a pedir de boca.

Miles de jóvenes no pueden costearse siquiera el alquiler de una habitación en el extrarradio madrileño y el alivio que supuso saber que recibirían el Bono del Alquiler Joven hace ya muchos meses que desapareció. Ha pasado más de veinte meses desde que se aprobó y un año desde que Madrid abrió el proceso de solicitud. En junio de 2023, un 20% (2.193 jóvenes) consiguió cobrar, algunos ya de vuelta en casa de sus padres, lo correspondiente a 2022. 47,7 millones de euros ha recibido Ayuso del Estado y tan solo ha pagado seis millones. El tiempo pasa diferente desde un ático en el centro

Sin bonos ante la vuelta de los desahucios

El fin del verano, más allá de la rutina y el cole, ha traído de vuelta también la realidad de los desahucios. A los buzones Madrid, epicentro de los desalojos de familias trabajadoras, vuelven a llegar cartas certificadas a las que poco les importa que la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para personas y familias vulnerables esté en vigor hasta el 31 de diciembre. En la Comunidad de Madrid no existen alternativas habitacionales, más allá de una habitación de hostal compartida en la que una madre con dos hijos puede pasar un par de noches.

Los servicios sociales se lavan las manos y los fondos buitre campan a sus anchas entre las estructuras de los edificios, amenazando y extorsionando inquilinos que tan solo quieren pagar un alquiler justo. Niños, personas mayores, víctimas de violencia de género, enfermos. Da igual, números prescindibles en medio de una batalla en la que siempre pierden ellos. Desde el Ejecutivo no hay auxilio, ni lo habrá, salvo que te toque una de las viviendas que no han podido vender a un fondo buitre y que ahora Almeida rifa.