La situación en la empresa Galletas Gullón, de las principales firmas del sector en Europa con más de 360 millones de euros de facturación y una de las industrias clave de Castilla y León, está causando una intensa alarma entre las administraciones públicas de la región y los sindicatos. Temen que se haya puesto en marcha un proceso que erradicaría la deslocalización de buena parte de la actividad de la compañía, afectando directamente a una plantilla de un millar de trabajadores.

Gobierno regional, Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, donde se centraliza casi toda la producción, y representantes sindicales temen que se repita el caso Fontaneda, también localizada en esa ciudad, vendida a una multinacional y con la producción diseminada  por todo el mundo.

La crisis de Galletas Gullón se inició el pasado 17 de junio cuando la presidenta María Teresa Rodríguez Sanz-Rozas, matriarca de la familia, reestructuró radicalmente el Consejo de Administración, presentó la dimisión, forzó la salida de todos sus hijos varones, nombró nueva presidenta a su hija Lourdes Gullón Rodríguez, ajena hasta ahora a la gestión de la empresa,  y posicionó al director general Juan Miguel Martínez Gabaldón como nuevo Consejero Delegado.

El Consejo quedó formado por Lourdes Gullón, Martínez Gabaldón,  el vicepresidente Salvador Ruiz Gallud y dos consejeros independientes. Con esta maniobra, María Teresa Rodríguez concentraba todo el poder en Martínez Gabaldón, quien tenía vía libre para poner en marcha sus planes de venta la empresa.  

Martínez Gabaldón ha sido la mano derecha de María Teresa Rodríguez  desde poco después de que en 1983 muriese su marido Juan Manuel Gullón, fundador de la empresa, y quedase sola al frente de la compañía. Fuentes financieras señalan la absoluta confianza, y hasta dependencia, de la hasta ahora presidenta tiene en Martínez Gabaldón al que considera pieza clave en el desarrollo de la empres galletera.

Diversas fuentes consultadas señalan que María Teresa Rodríguez padece una grave enfermedad, razón por la que ha dimitido, y que ha cedido a las presiones de Martínez Gabaldón para vender la empresa.  Martínez Gabaldón se ha ido haciendo poco  a poco con acciones de galletas Gullón, con compras  a diversos accionistas y a la propia María Teresa, hasta consolidar una participación ligeramente superior al 20%.

La compañía  no reparte dividendo y Martínez Gabaldón no tiene otra opción para rentabilizar su paquete que por medio de una venta global de la compañía. Fuentes conocedoras de la situación en la empresa señalan que con María Teresa enferma, Martínez Gabaldón tiene que aprovechar al máximo el predicamento e influencia que tiene con ella para forzar la venta. Por eso ha impulsado que sea Lourdes Gullón, maestra de profesión y ajena por completo a la gestión de la empres la que asuma la presidencia de la compañía.  Los cuatro hermanos Gullón tienen una participación ligeramente superior al 4% cada uno.

Fondos de private equity como KKR, ProA o Cinven han mostrado su interés por la adquisición de Galletas Gullón, señalan fuentes financieras. En medios sindicales y políticos, así como en amplios sectores sociales y económicos de la zona se teme una repetición del caso Fontaneda, otra empresa galletera de esa localidad y líder del mercado hoy desaparecida.

Fontaneda fue vendida  a Nabisco en 1996 y en 2002 cerró la fábrica que tenía en Aguilar de Campoo. La marca permaneció pero pasó a otras multinacionales que externalizaron la producción. En 2014 lo que había sido una fábrica de galletas puntera era sólo suelo urbanizable. Una posible compra por parte de un fondo de capital riesgo como los citados, siembra recelos por la operativa habitual de esas plataformas de inversión. Permanecen unos años en la compañía y luego proceden a la venta ya sea entera o troceada para rentabilizar su inversión.

Fuentes financieras señalan que en el centro de toda la crisis de Galletas Gullón está el actual consejero delegado Miguel Martínez Gabaldón, decido a toda costa a vender la empresa de la que, según aseguran esas fuentes, ha obtenido más de 34 millones de euros en la última década a base de blindajes, sobresueldos, indemnizaciones, venta de terrenos propios a la empresa, deudas de dudoso origen , premios… Esas fuentes le consideran el principal responsable de las grandes guerras familiares de la galletera más importante de España.