En Noviembre de 2011 Mariano Rajoy, en plena campaña electoral, aclaró que le iba “a meter tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación”. Algo similar reiteró unos días después en el Debate de Investidura tras haberse celebrado las elecciones del 20 N. También había prometido “no abaratar el despido en ningún caso”, e iba a “promover que el contrato indefinido sea la regla general”.

Aún estaba por llegar el siguiente viernes de dolor, en el cual comenzó a incumplir una a una sus promesas electorales, y así viernes, tras viernes, decreto ley tras decreto ley.

No tardó en llegar el momento de la Reforma Laboral, que el PP probablemente pudo haber estado gestando durante los meses anteriores en el laboratorio de FAES, y que vio la luz hace ya seis largos años, el día 11 de Febrero de 2012.

Por supuesto, el PP incumplió lo prometido: abarató el despido y propició una mayor precariedad laboral, basada en más contratos temporales y más contratos a tiempo parcial, estos últimos afectando mayoritariamente a las mujeres, y muchos de ellos ilegales, porque terminaban siendo “de facto” a tiempo completo. Esto ha propiciado que en 2017 se hayan hecho en España más de 9 millones de horas ilegales a la semana, lo que ha supuesto una minorización de ingresos a la Seguridad Social de aproximadamente 2.000 millones de euros.

También con ella llegó el cuestionamiento de la negociación colectiva, la pérdida de poder de los/as trabajadores/as y la devaluación de las condiciones laborales, incluida la salarial.

Como era previsible esta situación del mercado de trabajo pronto comenzó a afectar no solamente a las personas activas en ese momento, sino que por derivación también comenzó a afectar los/as pensionistas.

En un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional como el nuestro, si enferma el mercado de trabajo lo hace a la par el Sistema Público de Pensiones ya que la devaluación salarial implica devaluación de las cotizaciones. Son caras de la misma moneda.

Así que aquí comenzaron también los problemas de nuestro Sistema Público de Pensiones, que había superado de manera bastante airosa los años más crudos de la crisis, llegando a 2011 con un levísimo déficit de 1.065 millones de euros (0,1% del PIB). Las cotizaciones  de ese año, que fueron de 105.111 millones de euros (con la actualización del IPC equivaldrían a 110.364 millones)  eran suficientes para pagar las prestaciones contributivas.  Así que carece de sentido el triunfalismo del PP y de la ministra Báñez cuando dice que se ha  batido un récord histórico de cotizaciones en 2017, que ha cifrado en 109.166 millones de euros. Esta cifra no supera lo recaudado por cotizaciones en 2011, y eso que en 2017 había 1.230.259 cotizantes más que en el mismo mes de 2011.

A partir de 2012 surgen los problemas. La Reforma Laboral comenzó a causar sus letales efectos, de tal manera que las cotizaciones fueron a la baja al igual que habían ido los salarios. Ya las cotizaciones no eran suficientes para pagar las prestaciones contributivas, lo que provocó que comenzase a subir el déficit de manera progresiva (de los 10.151 millones de euros en 2012 a los 18.800 millones previstos para el cierre de 2017).

También los recortes en las prestaciones, tanto contributivas como asistenciales, que se aprobaron en otro antisocial Decreto Ley, el R.D. Ley 20/2012 de 15 de Julio, hicieron mella en la vida de las personas desempleadas y también en la Tesorería General de la Seguridad Social. Ha ido bajando la tasa de cobertura del 80% en enero de 2010 a menos del 60% en la actualidad; el subsidio de mayores de 52 años con cotizaciones del 125% de la Base Mínima de cotización pasó a ser para mayores de 55 con cotizaciones sólo del 100% de la Base Mínima y encima condicionado a rentas familiares. Si en 2011 el SEPE cotizó por las personas desempleadas 10.200 millones de euros, en 2017 lo hizo por importe de 6.000 millones de euros, lo que implica una pérdida de cotizaciones de más de 4.000 millones.

Lo cierto y verdad es que, una vez más, Rajoy no ha cumplido sus promesas:

  1. Porque SÍ que han tocado las pensiones para bajarlas, aprobando de una manera totalmente unilateral, sin acuerdo político ni diálogo social, una Ley en 2013 que ha hecho desaparecer la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, con subidas ridículas del 0,25%. Y piensan reducir la cuantía inicial a partir de 2019 en función de la esperanza de vida, con el denominado Factor de Sostenibilidad.
  2. Porque han afectado a las economías de los pensionistas con el copago farmacéutico, el medicamentazo, las subidas del IBI, de la energía, etc. En un momento duro en el que muchos han tenido que ayudar a sus hijos/as y nietos/as.
  3. Han descapitalizado al Sistema Público de Pensiones, utilizando de manera ilimitada el Fondo de Reserva, que se encontraron con casi 67.000 millones de euros y que hoy asciende a poco más de 8.000 millones. Este Fondo de Reserva estaba previsto comenzar a utilizarlo a partir de 2022, cuando comencemos a jubilarnos las generaciones del baby boom, para que aguantase hasta 2028, y prácticamente lo han agotado 10 años antes.

 

  1. Porque en 2017 comenzaron a endeudar al Sistema de Seguridad Social con un crédito de 10.192 millones de euros, a los que se suman los 15.000 millones que ya han solicitado para este año.

 

El PSOE ha planteado derogar la Reforma Laboral de 2012 y la Reforma de  las Pensiones de 2013. Creemos que es bueno que se cree empleo, pero no cualquier empleo. Queremos un empleo digno, de calidad, con salarios decentes. Para ello hemos aprobado un Pacto de Rentas, queremos igualdad salarial entre hombres y mujeres y queremos pensiones suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas  según el IPC.

Es necesario un incremento de los salarios para lograr la recuperación de las cotizaciones. No obstante, esto no será suficiente para resolver el déficit estructural del Sistema Público de Pensiones, para conseguirlo habrá que adoptar otras medidas de reordenación de gastos y de aporte de nuevos ingresos, entre otros con impuestos, además de intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que es un verdadero lastre para este país.

Por todo lo expuesto, es urgente acabar de una vez por todas con los efectos letales de la Reforma Laboral, que tanto daño está haciendo a las personas que ahora están en activo, a los actuales pensionistas y también a los futuros. Si conseguimos todo ello estaremos defendiendo la justicia social, y estaremos luchando por la cohesión social, que es garantía de estabilidad y de paz social.

 

*Magdalena Valerio es secretaria Ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE