La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un estudio sobre la salud del sistema de pensiones y la conclusión más importante es que quienes se jubilen hoy perderán un 30% de poder adquisitivo en 20 años si no se modifica la Ley con la que el Partido Popular reformó las pensiones. Uno de los aspecto más importantes de la 'contra reforma' del Gobierno popular es la desindexación de la subida de las pensiones del Índice de Precios al Consumo (IPC). Se estableció que la revalorizaicón mínima será del 0,25% por la media del IPC en españa en los últimos 20 años está entre el 2 y el 3%, por lo que la pérdida de poder adquisitivo es evidente.
Devaluación de las pensiones
Fedea señala en su estudio que "con las previsiones existentes sobre las variables relevantes, el escenario base implica durante muchos años valores negativos del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) (...) En particular, las pensiones se revalorizarían cada año en un 0,25% mientras que la inflación rondaría el 2% durante el grueso del periodo".
En el informe se explica que "la previsión es que las pensiones, una vez concedidas, vayan perdiendo poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista". Concretamente señalan que la pérdida de poder adquisitivo "rondaría el 30% durante los 20 años que, en promedio, tiene de esperanza de vida un recién jubilado". No es que las pensiones se congelen, como hizo Zapatero con las pensiones máximas mientras subía las mínimas, es que se devalúan. Para evitarlo, Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los tres firmantes del documento, puso de manifiesto la necesidad de que los partidos políticos adopten alguna decisión, porque aseguró que, de no llevar a cabo ninguna revalorización, podría tener un importante coste político
Que las mínimas suban lo mismo que el IPC
"Nadie nos va a librar de que la pensión baje en relación con los salarios", apuntó De la Fuente quien también pidió protección para las pensiones más bajas. En concreto, en el documento se apunta que es necesario "blindar la pensión mínima, ligándola a la tasa de inflación" para evitar que se generen "problemas de suficiencia para los jubilados con menores ingresos". Esta medida, según los cálculos de Fedea, "tendría un coste medio anual durante los próximos 40 años de algo más de cuatro décimas de PIB que habría que financiar con impuestos adicionales", mientras que "el incremento necesario de la recaudación del IRPF estaría en torno a un 6%, lo que podría ser un coste aceptable".
Para el resto de las pensiones, en cambio, "no sería aconsejable extender la indexación al IPC" ya que el gasto registraría un incremento medio del 2,7% del PIB durante las próximas cuatro décadas, y exigiría "una subida del 36% en la recaudación del IRPF".
En cuanto a la edad de jubilación, Fedea coincide con Banco de España, que la semana pasada valoró de manera positiva que los trabajadores alarguen su vida laboral más allá de los 67 años. Además la Fundación considera que también se debería estudiar la posibilidad de establecer "un pequeño incremento en los tipos de cotización o en sus topes máximos".
