La plantilla del centro de producción de Camino del Cabildo, sede autonómica de Televisión Castila y León en Valladolid, solicita un informe de riesgos psicosociales a consecuencia de lo que califican como “la deriva que está tomando este centro de trabajo en lo referente a la gestión”, que está provocando “situaciones límite” entre los profesionales, afectados a nivel emocional, y en muchos casos, ya en situaciones de baja laboral.
La información es del Comité de Empresa de RTVCYL, la televisión que emite en las nueve provincias de la Comunidad, unión de empresas de titularidad privada, pero con financiación pública, y propiedad de los holdings de Antonio Miguel Méndez Pozo (Promecal) y José Luis Ulibarri (Edigrup), ambos constructores, con cuna en Burgos y León, respectivamente, reconvertidos hace años en magnates mediáticos con polémicas trayectorias y causas y condenas por corrupción en los tribunales, a los que la Junta de Castilla y León adjudicó en 2009 la única licencia de emisión de la TDT de ámbito autonómico en la región.
Según el Comité de Empresa, en los últimos meses, el centro de trabajo de la Unión Temporal de Empresas a la que la Junta de Castilla y León financia con más de 20 millones de euros anuales, ha pasado de contar con una plantilla cercana a los 100 trabajadores a no llegar a 75, de modo que la carga de trabajo, lejos de disminuir proporcionalmente, ha aumentado, dejando algunas áreas concretas, como las que soportan el peso del informativo diario, muy mermadas.
La plantilla explica que “es importante resaltar también la continua rotación de personal que, ante las condiciones laborales, opta por abandonar la empresa ante las nulas perspectivas de futuro”.
Condiciones indignas, desorganización y desprecio
A consecuencia de esa pérdida de personal, continúan argumentando, el aumento de la producción recae sobre los y las trabajadores/as que quedan, “que aguantan con unas condiciones de trabajo indignas, una desorganización continua que va a más, y desprecio al trabajo que realizan”.
Ante esta situación, la posición de la plantilla es “limitarse a cumplir el convenio”, no realizar voluntariamente fines de semana, bolos o festivos que no estén notificados con una antelación de al menos un mes, y acogerse, en caso de ser requeridos, a la figura del “descanso suspendido”.
Situaciones límite
Pero la denuncia del Comité de Empresa va más allá. Según afirman, debido a que la situación afecta mucho a nivel emocional, los y las trabajadores/as están alcanzando mentalmente “situaciones límite”, motivo por el cual han solicitado un informe de riesgos psicosociales, ante lo preocupante de los niveles de estrés alcanzados que, en algunos casos, ya han provocado bajas laborales.
Los salarios de los profesionales, redactores, gráficos, y otras categorías, obligados a realizar jornadas interminables, sin apenas descansos y, en algunos casos, con más de una década de trayectoria, superan escasamente los mil euros mensuales.
