Estados Unidos lleva meses expandiendo su política migratoria mucho más allá de la frontera con México. Ya no se trata únicamente de aumentar las detenciones o acelerar las expulsiones, sino de construir una red internacional de países dispuestos a recibir deportados que no necesariamente son ciudadanos suyos. Guatemala, Honduras, Liberia, Ghana o Sierra Leona aparecen, con situaciones jurídicas distintas, en una estrategia con la que la Administración de Donald Trump pretende ampliar las posibilidades de expulsión y dificultar el regreso de quienes han sido deportados.
El último dato ayuda a entender la dimensión de ese cambio. Durante 2026, Estados Unidos ha enviado a Guatemala a alrededor de 2.300 ciudadanos mexicanos, según confirmó el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, en una información recogida esta semana por Reuters. Los mexicanos llegan en vuelos que transportan también a ciudadanos guatemaltecos deportados y son trasladados posteriormente a su país, generalmente en menos de 24 horas.
La singularidad resulta evidente: México acepta habitualmente a sus propios ciudadanos deportados desde Estados Unidos, por lo que no existe, en principio, la dificultad diplomática que puede aparecer con otros países que se niegan a recibir determinados retornos. El Gobierno mexicano, de hecho, ha comunicado a Washington su rechazo a que sus nacionales sean enviados primero a Guatemala u Honduras y ha reivindicado su derecho a regresar directamente a territorio mexicano.
Una deportación con escala
La Administración Trump no ha ofrecido una explicación detallada de por qué utiliza esta ruta para ciudadanos mexicanos. El Departamento de Estado se ha limitado a defender la aplicación de la política migratoria presidencial. Expertos consultados por Reuters apuntan a una interpretación: trasladar a los deportados más al sur puede dificultar y encarecer un eventual intento de volver a entrar irregularmente en Estados Unidos.
El caso muestra además que no todas las llamadas deportaciones a terceros países funcionan de la misma manera. Guatemala sostiene que no se ha convertido mediante este procedimiento en un destino definitivo de los mexicanos. Arévalo insiste en que están en tránsito y que son conducidos a México en aproximadamente un día, con los gastos cubiertos por México o Estados Unidos.
La práctica, sin embargo, introduce un elemento nuevo en el sistema. Associated Press señala que más de 2.300 mexicanos han pasado por Guatemala y decenas por Honduras durante este año, frente a un modelo anterior en el que la inmensa mayoría eran deportados directamente a México.
Para organizaciones como Human Rights First, la incertidumbre sobre el destino final se ha convertido además en una herramienta disuasoria. La organización sostiene que desde mayo Estados Unidos viene enviando sistemáticamente a ciudadanos mexicanos a Guatemala y Honduras. La lógica ya no sería únicamente sacar del país a quien carece de permiso para permanecer en él, sino elevar el coste personal y geográfico de una eventual vuelta.
De Centroamérica a África: el salto de escala
El siguiente paso de esta política está a miles de kilómetros de la frontera estadounidense. Liberia ha aceptado recibir hasta 1.200 deportados de terceros países durante los próximos doce meses, uno de los acuerdos más amplios alcanzados por Washington en África. El primer vuelo, con veinte personas, aterrizó este jueves en el país después de salir de Luisiana y hacer escala en Dakar.
El ministro liberiano de Información, Jerolinmek Piah, explicó a Reuters que buena parte de quienes lleguen procederán de América Latina, incluidos ciudadanos de Venezuela, Cuba y Colombia. Liberia asegura que serán considerados “huéspedes”, podrán abandonar el país y tendrán también la posibilidad de solicitar asilo. La Organización Internacional para las Migraciones y la agencia de Naciones Unidas para los refugiados participarán en la asistencia.
El Gobierno de Liberia afirma además que no existe un intercambio directo de deportados por dinero. Al anunciar el acuerdo explicó que no había exigido compensación a Washington, aunque sí recibirá apoyo para gestionar el programa y reforzar su sistema migratorio. El matiz es importante: conviene evitar presentar sin pruebas estos convenios como una mera compraventa de deportaciones, pero también analizar las relaciones de poder y dependencia económica en las que se negocian.
Liberia no está sola. Reuters señala que Washington ha cerrado acuerdos o mecanismos de recepción con países africanos como Ghana, Sierra Leona, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Camerún. La Administración Trump convierte así la capacidad diplomática estadounidense en una extensión práctica de su política migratoria.
Cuando el destino del deportado también se convierte en castigo
La cuestión más delicada aparece cuando el tercer país no funciona como simple escala. Parte de las personas afectadas por estos programas no pueden ser devueltas legalmente a sus países de origen porque tribunales de inmigración estadounidenses han considerado que allí podrían sufrir torturas u otros abusos. El Gobierno estadounidense defiende que enviarlas a un tercer Estado constituye una vía legal para ejecutar su expulsión sin devolverlas precisamente al lugar donde correrían ese riesgo.
Las organizaciones de derechos humanos cuestionan las garantías del procedimiento y advierten de la posibilidad del llamado “refoulement en cadena”: que alguien sea enviado primero a un país considerado seguro y termine posteriormente regresando, directa o indirectamente, al lugar donde alegaba estar perseguido. La batalla sobre las garantías procesales de estas expulsiones ha llegado además a los tribunales estadounidenses.
En 2025, una orden judicial intentó limitar las deportaciones rápidas a terceros países sin tiempo suficiente para que los afectados pudieran alegar riesgo de persecución o tortura. El Tribunal Supremo permitió después que la Administración continuara aplicando provisionalmente su política mientras seguía el litigio. Un memorando interno de inmigración conocido aquel año establecía que, en determinadas circunstancias, una persona podía recibir solo unas horas de aviso antes de ser enviada a un tercer Estado.
Aquí está la diferencia fundamental entre la posición oficial y la crítica de las organizaciones humanitarias. Washington sostiene que necesita mecanismos para deportar a personas que no tienen derecho legal a permanecer en Estados Unidos cuando su repatriación directa resulta imposible. Sus detractores responden que el derecho del Estado a ejecutar una expulsión no elimina la obligación de evaluar qué puede ocurrirle a la persona en el destino elegido.
La diplomacia de las deportaciones
El fenómeno tiene además una dimensión geopolítica. Estados Unidos posee una capacidad económica y diplomática muy superior a la de buena parte de los países con los que negocia estos acuerdos. La pregunta, por tanto, no termina en si cada convenio es jurídicamente válido. También pasa por saber qué incentivos tienen Guatemala, Liberia o Ghana para asumir una función que responde prioritariamente a una necesidad política estadounidense.
Las respuestas son diferentes en cada caso. Guatemala utiliza su posición geográfica y su relación con Washington dentro de una política migratoria regional más amplia. Liberia reivindica una tradición histórica de acogida y sostiene que quienes lleguen podrán permanecer voluntariamente o marcharse. Otros gobiernos han negociado ayudas económicas, cooperación diplomática o programas migratorios dentro de relaciones bilaterales mucho más amplias.
Lo que ya puede observarse es un cambio de escala. La frontera estadounidense deja de ser únicamente una línea entre Estados Unidos y México y comienza a funcionar como una arquitectura dispersa en la que intervienen aeropuertos centroamericanos, gobiernos africanos, organismos internacionales y acuerdos bilaterales muchas veces poco conocidos por las personas que pueden terminar afectadas.
Trump ha hecho de las deportaciones masivas una de las grandes promesas políticas de su segundo mandato. La construcción de esta red permite multiplicar los destinos disponibles y transmitir un mensaje disuasorio a quienes intenten entrar o regresar al país sin autorización. Pero también transforma la pregunta fundamental de cualquier expulsión: ya no se trata únicamente de quién puede quedarse en Estados Unidos, sino de hasta dónde puede llegar Washington para decidir en qué otro lugar del mundo terminará quien debe marcharse.
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