El PP andaluz y una de sus filiales más fieles y ultras, la malagueña, han elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez a causa del narcotráfico en nuestra comunidad. Los trágicos sucesos acaecidos en Isla Cristina (Huelva), donde hasta cuatro personas fallecieron como consecuencia de un enfrentamiento entre clanes, prendieron la mecha para que el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, lanzara un mensaje apuntando directamente al Gobierno central:
"Esto es insoportable. El narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía. Es evidente que el crimen gana terreno y que faltan medios. El Gobierno de la Nación, como responsable de garantizar la seguridad, debe reforzar todos los instrumentos necesarios para combatir esta barbaridad", escribía en su cuenta de X (antes Twitter), acompañado de dos recortes de titulares periodísticos, uno sobre el citado suceso, y otro sobre un asesinato a un hombre en Utrera (Sevilla) cuyas causas, en el momento en el que Moreno publicó dicho post, aún se desconocían.
A este movimiento del presidente andaluz le siguió el PP malagueño, que horas después y a través de su diputado nacional por Málaga, Mario Cortés, se dirigía en una comparecencia de prensa hacia el Gobierno de España y el Ministerio del Interior, preguntándoles que "qué medidas han adoptado un año después de incluir a la provincia como punto caliente en el mapa del narcotráfico, señalándola como una de las principales áreas de actividad en el Informe de Seguridad Nacional 2025".
Sin embargo, cuando el PP andaluz habla de narcotráfico se abre un silencio incómodo en torno a una figura que no está siendo capaz de poner coto, y que, por otro lado, encadena dos mayorías absolutas consecutivas. Hablamos de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, también conocida como 'Titi', el apodo con el que los narcotraficantes identificaban a la regidora popular. Este hecho se desveló tras conocer unos informes de la UDEF, al interceptar una llamada de su hijastro, Joakim Peter Broberg y Marko Mikael Holmen, detenido por tráfico de drogas.
Sobre Muñoz pesa la sombra de la corrupción, que ha cercado ya a su hijastro y a su difunto marido, Lars Gunnar Sune Broberg. La Fiscalía Antidroga consideró acreditado en 2024 que la alcaldesa de Marbella convivió durante años con una persona -su esposo- que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. En el escrito la fiscalía solicitaba 22 años de cárcel para el hijastro (Joakin) de Muñoz y concluía que su padre, Gunnar Broberg, prestó su "colaboración" en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos.
El pasado julio la Audiencia Nacional condenó a nueve años de prisión a Joakin Peter Broberg, hijastro de la regidora, declarándolo culpable de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo, considerando probado que este se integró de forma “permanente y estable” en una red dedicada a la venta de hachís y marihuana. En ningún caso, el presidente andaluz del PP se pronunció al respecto.
Respuesta del Gobierno
Según fuentes del Ejecutivo central, desde 2018 el Gobierno de España ha destinado más de 190 millones de euros al Plan Especial contra el narcotráfico en Andalucía, que ya se despliega en seis provincias. El Plan cuenta con un despliegue de medios humanos que ha permitido alcanzar más del 94% de cobertura de las plantillas y se ha prorrogado durante dos años más, con el compromiso del Gobierno de mantener la inversión que sea necesaria en medios materiales, formación y medios humanos.
En este año, 2026, el Gobierno ha destinado 38,2 millones de euros al Plan Especial, 1,3 millones más que en 2025.
Según el Ejecutivo, la actuación no se limita a la incautación de droga, sino que también ataca a las estructuras logísticas y económicas que dan soporte a la actividad de los grupos criminales, al tiempo que se trabaja de forma coordinada con diferentes organismos gubernamentales y entidades internacionales en el diseño de estrategias para la desarticulación de los grupos de narcotraficantes.
Este refuerzo se acompaña de un incremento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para revertir los recortes efectuados durante los mandatos del PP. Andalucía cuenta actualmente con cerca de 30.500 guardias civiles y policías, 4.096 más que a finales de 2018, según los datos aportados.
En cuanto a los resultados acumulados del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar, una de las zonas más afectadas, desde 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, se han contabilizado 47.862 operaciones policiales, 31.335 detenidos o investigados, 2.179.973 kg de droga aprehendidos, 1.909.715 plantas de marihuana incautadas y destruidas, 1.884 armas de fuego intervenidas, 124,44 millones de euros en efectivo intervenidos, 9.728 vehículos incautados y 2.146.127 litros de gasolina incautados.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
