El espectáculo está asegurado. La judicialización de la política constituye el común de los procedimientos abrazados por el sistema democrático español actual. Los foros políticos brillan por su ausencia, por empeño recalcitrante de algunos. Da lo mismo que se trate de aspectos previos, como de derivados de actuaciones del ejecutivo. Si antes, el enroque del partido gobernante impide cualquier debate sobre cualquier cuestión que interese a los ciudadanos. En el tratamiento legislativo, oídos sordos es la constante común en todos los casos, prácticamente, de modo que hay que acudir a los tribunales, a continuación si se quieren defender algunos derechos laminados en cada iniciativa. La tare de los jueces es descomunal. No solo tienen que atender a las desviaciones delincuentes, sino que tienen que poner orden en las actuaciones políticas, para que, al menos, no se tomen iniciativas que contravengan las leyes promulgadas.
Es un ambiente el que vivimos un tanto irrespirable. Y no parece que hay indicios de que pueda cambiar en algo. La ciudadanía, debe tomar nota de que las mayorías absolutas, contundentes, tienen estas consecuencias. Es de suponer, como parece lógico conjeturar, que buena parte de los votantes del actual partido en el poder, derivan de ciudadanos desencantados de otros gobiernos, cabreados momentáneos por alguna actuación inconveniente, o también, aquellos que más frívolamente, cambian de opción, intentando “probar” a ver lo que pasa. Racionalmente, hay que descartar la homogeneidad política en una votación como la que arrojó el resultado que nos ha llevado a este escenario insoportable. Es de suponer que lo que hoy “disfrutamos” debe haber hecho reflexionar a muchos sobre la opción política amparada con su voto.

Vamos a analizar uno de los aspectos, quizás omitidos, quizás olvidado y, en buena lógica, básico y elemental en un sistema democrático. Los políticos deben seguir una conducta honrada, honesta y cierta. Es de obligado cumplimiento. No solo eso, debe ser ejemplar, por aquello de que los personajes públicos generan atracción y motivan la emulación por los que los observan. La honestidad es el valor de ser decente, razonable, justo y honrado. Supone actuar como piensa y siente, aunque se confunda con la sinceridad o franqueza. La honestidad implica el respeto a la verdad y configura la persona “saludable”. Ser honrado implica conducirse con rectitud e integridad y proceder con justicia en sus obligaciones. De otro modo se deberá caracterizar por la rectitud de ánimo e integridad en todas sus iniciativas, respetando las normas que se consideran correctas y adecuadas para la comunidad en la que vive. ¿qué duda cabe que la sinceridad o apego a la verdad es uno de los componentes de la honradez. De ello se infiere que la persona honrada no miente ni incurre en falsedades. Las dos cualidades precedentes implican a la tercera, ser, la verdad, la veracidad de sus acciones o palabras. Una persona con nivel público debe mostrar sus sentimientos sinceramente, incluso en su rostro y sus actuaciones deben resultar predecibles, amigables y placenteras. No debe limitarse a si mismo, sino todo lo contrario, debe actuar en el nivel del principio moral de la justicia, buscando reciprocidad.

A poco que adivinemos, no se barajan estos principios con demasiada prodigalidad en nuestra España actual. Ninguno de los principios señalados es satisfecho por el actual Presidente del Gobierno. Los mensajes telefónicos mantenidos por Rajoy y Bárcenas, publicados y desvelados en los SMS publicados, revelan una situación comprometida, que acosa cada vez con mayor intensidad al presidente del gobierno. El calla, omite, se esconde, se oculta, cree protegerse. La defensa de sus correligionarios, apelando a que el hecho de que Bárcenas esté en la cárcel es significativo de que el PP no tiene nada que ver es tan endeble, que no compensa la cascada de sugerencias que provoca el hecho de los SMS. Cualquier cerebro, por mediocre que pueda ser, alcanza a ver que Rajoy hace mucho que tiene que dar explicaciones. Hay obligación democrática de explicar lo que ocurre y lo que está ocurriendo. Mientras no se asuman estos compromisos se da pábulo a cualquier interpretación, por desviada que pueda parecer. Todos los servidores públicos están obligados a explicar y es imperativo que digan la verdad y la sombra de duda que se cierne no hace ningún beneficio ni a la clase política ni a la democracia.

Los actos de los políticos, que no es lo mismo que los actos políticos, matizamos, no tienen ningún derecho a provocar consecuencias. Nunca debieran tomar protagonismo. Debieran ser transparentes para dar significación a los actos políticos. Confundir estos niveles es evidenciar una deficiencia que descalifica. Cuando los actos de los políticos se superponen y adquieren mayor protagonismo que los actos políticos tenemos una dolencia diagnosticada. Huir de dar las explicaciones pertinentes, es alargar la agonía. Es reconocer la implicación. Es pretender minimizar las consecuencias personales y grupales. Solo hay una forma de convertir éstas en indoloras, desaparecer de la escena. Es de desear explicaciones que no ofendan a la inteligencia. Pero de resistirse los protagonistas a ofrecerlas, mejor adoptar la puerta de servicio. Afortunadamente, la democracia sabe superar estos episodios, ¿o no?

Alberto Requena es presidente del PSOE en Murcia