Con visita al lugar incluida por parte de dos conselleiras de la Xunta de Galicia, la administración autonómica anuncia la apertura de un expediente sancionador contra Adif. El motivo es su responsabilidad en la caída de dos vagones de tren que acabaron en el río Sil.

Así lo comunicó la titular de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, durante su estancia esta mañana en el punto donde hace unos días, el pasado 28 de julio, se produjo este incidente. Con ella esutvo la responsable regional en materia de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez.

El desplazamiento hasta el lugar ha sido, según explicaron desde la Consellería de Medio Ambiente en un comunicado, para "comprobar personalmente el estado de la zona".

La conselleira de Medio Ambiente explicó que, tras las actas levantadas por agentes medioambientales e inspectores de este departamento autonómico, el siguiente paso lo dio la Jefatura Territorial de Medio Ambiente en la provincia de Ourense con el inicio, hoy mismo, de un procedimiento administrativo sancionador contra Adif.

De seguir su curso, algo que parece fuera de toda duda, lo ocurrido hace nueve días, acabará en forma de sanción por una infracción administrativa grave, tal y como tipifican las leyes 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados y 10/2008 de Residuos de Galicia como “abandono, vertido o eliminación de cualquier tipo de residuos no peligrosos”.

La multa prevista para las conductas de este tipo van de los 901 a los 45.000 euros, si bien la Xunta de Galicia adelantó ya que el expediente oficial propone una sanción de 35.000 euros.

Además, Ángeles Vázquez recordó hoy que la investigación de su Consellería derivó también en la exigencia al organismo ferroviario para que retire los dos vagones y los gestione como residuos.

Del mismo modo, tal y como comentó a los medios de comunicación, remitió ya sendas cartas a los ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y Transición Ecológica, Teresa Ribera. En ellas, además de reclamar las acciones de retirada de los vagones y la "restauración oportuna" de la zona, les exige una explicación de lo ocurrido que califica en dichas misivas de “irresponsabilidad inadmisible” para ciudadano o empresa alguna y menos por parte de una perteneciente a la administración pública.