En Castilla y León, el crudo invierno y las bajas temperaturas, no han sido impedimento para que ayer, lunes, 23 de enero, estallara el primer incendio forestal de envergadura, que, de nuevo, ha pillado a la Junta de Castilla y León fuera de juego.

Los bomberos de la Comunidad lanzan un SOS: “Acaba de empezar el año y ya hemos tenido el primer incendio forestal de importancia”, advierten, algo que, desde la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales en Castilla y León, ATIFCYL, ven “con profunda preocupación”.

Este incendio, que tuvo a dos BRIF del Ministerio a pleno rendimiento hasta que, en la mañana del martes se consideró controlado, “nos pone en alerta de la difícil situación que nos podemos volver a encontrar durante el 2023, después de un 2022 fatídico en el que los incendios forestales en Castilla y León se han llevado la vida de varios compañeros y ciudadanos, cuatro muertos que no olvidamos, y decenas de miles de hectáreas quemadas”, recuerdan.

Las medidas que hasta ahora ha tomado la Junta de Castilla y León son, en su opinión, “un parche de cosmética barata que sigue dejando al medio rural a su suerte, y a sus trabajadores, una vez más, en la encrucijada”.

Los bomberos castellanos y leoneses consideran que la Consejería de Medio Ambiente que dirige el polémico Juan Carlos Suárez Quiñones, “sigue incumpliendo la normativa impuesta por el Gobierno, de elaborar un plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales”, a pesar de los acuerdos alcanzados con los sindicatos en el último trimestre de 2022, después de una temporada de incendios fatídica.

Los bomberos entienden que el problema no se soluciona incrementando los meses de actividad a “unas pocas cuadrillas”, sino que es necesaria la formación y profesionalización del cuerpo de bomberos forestales y una gestión del monte adecuada durante todo el año.

“Esperar cruzando los dedos a que no pase nada para volver a activar el operativo en julio no funciona”, dicen, “porque la suerte, cuando se trata de algo tan valioso, no es un factor que queramos ni para los trabajadores ni para nuestro paisaje”.

Las altas velocidades del viento y las heladas continuadas, que resecan el combustible, son vectores de alto riesgo, incluso en invierno, y las labores de limpieza y mantenimiento de montes y la vigilancia forestal son absolutamente necesarias, labores que, actualmente, la Junta de Castilla y León tiene subcontratadas.

Operativo desactivado

El operativo de Castilla y León durante el incendio forestal de Guisando declarado este 23 de enero, que, según diversas fuentes, ha arrasado 300 hectáreas, apenas contaba con efectivos disponibles.

Tres brigadas helitransportadas estaban desactivadas, o en el paro, y solo había disponibles dos cuadrillas de tierra, de cinco personas cada una, autobombas insuficientes o incompletas, y un helicóptero Hotel, como bombardero, sin cuadrilla disponible.

El incendio se ha controlado gracias al apoyo de las BRIF Puerto El Pico (Ávila) y BRIF La Iglesuela (Toledo, Castilla-La Mancha), junto con otros medios aéreos del Estado.

“Una vez más, nos encontramos con medios totalmente insuficientes y en pésimas condiciones, pues la Junta de Castilla y León acostumbra a disponer de los medios del MITECO como si fueran los propios con tal de mantener un operativo precario y sin una plantilla permanente”, señalan los bomberos de Castilla y León, lo que ha provocado la pérdida de un mayor número de hectáreas.