La llamada “Milla de Oro” de las fincas de caza de España se encuentra entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, en pleno corazón del Parque Nacional de Cabañeros que siendo Narcís Serra ministro de Defensa del Gobierno de Felipe González pretendió convertir en un campo de tiro para el Ejército del Aire. Afortunadamente, José Bono estaba allí e impidió lo que hubiera sido el mayor atentado ecológico de Europa desde la II Guerra Mundial. Sin embargo, no pudo con el poderoso lobby de la caza, del que forman parte lo más granado del Ibex 35, que finalmente llegaron a torcerle el brazo y el expresidente de Castilla-La Mancha acabó tirando la toalla.
Y es que estas dos provincias son, con toda seguridad, el territorio nacional más acotado y vallado de España. Los terratenientes y propietarios de los latifundios y fincas cinegéticas de estos amplios términos eluden siempre las denuncias de ayuntamientos y vecinos, y basándose en leyes obsoletas acordonan sus posesiones, cortando caminos y ríos e impidiendo el paso de personas por vías pecuarias que desde siempre permanecieron abiertas al público. Pero una cosa es poner puertas al campo, como hacen las hermanas Koplowitz, Los Botín, Alfonso Cortina, Los Albertos, José María Aristraín, Juan Abelló, Luis Portillo, Samuel Flores, Entrecanales, Carlos March…y otra distinta apropiarse de espacios mancomunados, edificios históricos o construir sin licencia grandes mansiones en terrenos rústicos.
Pero no siempre la “Escopeta Nacional”, que tanto protegió María Dolores de Cospedal en su época como presidenta del Gobierno castellano-manchego (2011-2015), se sale con la suya. No, muy de vez en cuando y gracias a la insistencia de determinados ayuntamientos, pero sobre de todo de los ecologistas, los “señoritos” pagan por saltarse las normas urbanísticas a la torera. Este es el caso del matrimonio formado por Alejandro Aznar, dueño de Marqués de Riscal, y por Mónica Oriol, expresidenta del Círculo de Empresarios y conocida por sus exabruptos verbales. Ambos han sido condenados por el Tribunal Supremo por obras faraónicas ilegales en la casa que tienen en el Parque Nacional de Cabañeros, siendo sancionados con 200.000 euros.
El Lord y un puente histórico
La “Escopeta Nacional” actúa así, creyendo que como tienen cerradas sus fincas, con caminos, ríos y lagos incluidos, pueden hacer lo que quieran y quedarse, incluso, con un puente histórico del siglo XX, como así lo hizo el malogrado Lord Gerald Casvendish, sexto duque de Westminster, noveno conde de Grosvenor, vizconde de Belgravia, marqués de Westminster y barón de Eaton; un importante aristócrata inglés cuyo patrimonio estaba valorado en más de 7.300 millones de euros, lo que le convertía en el hombre más rico de Gran Bretaña y dueño absoluto de las 15.000 hectáreas de La Garganta, una finca en plena Sierra Madrona, en el Valle de Alcudia (Ciudad Real).
Según los ecologistas, el citado puente en cuestión no es un viaducto más de los abandonados a lo largo del trayecto de lo que fue un próspero ferrocarril minero, que unía las localidades ciudadrealeñas del Camino Real de la Plata de Puertollano con Peñarroya. No, este puente ha sido reclamado por los ecologistas y viajeros para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya imagen utiliza para promocionar el turismo de interior, lo declare Bien de Interés Cultural. Pero el magnate de la Pérfida Albión colocó una valla que todavía hoy impide el acceso, porque existe “peligro de caída”, dice el cartel, cuando la pasarela se encuentra en perfectas condiciones de uso, ya no solo para caminantes y cicloturistas, también para vehículos todo terreno.
Pero puestos ya a la máxima extravagancia, no podemos dejar de citar el mayor aeropuerto privado del país para el aterrizaje de aviones a reacción que se hizo construir el banquero fallecido Emilio Botín en su latifundio de “El Castaño”, una finca de 11.000 hectáreas (11.000 mil santiagos bernabéus). Antes de su muerte, Botín inició las obras para ampliar los 900 metros que tiene la pista en la actualidad hasta los 1.500 y así poder aterrizar su nueva aeronave y otros aviones a reacción de gran tonelaje, con más pasajeros...con más negocio.
Juan Abelló y Eduardo Serra
Pero si hay un latifundista que representa como nadie al lobby de la caza, ese es, sin lugar a dudas, el financiero Juan Abelló, propietario de tres fincas situadas en el término municipal de Los Yébenes, un pueblecito de Los Montes de Toledo. Allí, en Las Navas, Los Robledillos y Torneros, caza o cazaba regularmente el rey emérito Don Juan Carlos, además de en la finca ciudadrealeña de El Lobillo, el espacio cinegético más estimado por Abelló, que tras años de litigios con el ayuntamiento de Los Yébenes sobre la propiedad de las fincas, el Tribunal Supremo le dio la razón, condenando al consistorio a unas costas millonarias.
Quien también pasó por los juzgados por supuestas obras irregulares en su finca de la localidad toledana de Navalcán fue el exministro de Defensa, Eduardo Serra. Los ecologistas denunciaron a la empresa del hoy presidente de la patronal de las tecnológicas de la información, DigitalES, por edificar en terreno rústico una mansión de 2.400 metros cuadrados situada en pleno Valle del Tiétar, concretamente en la parcela 20.157 del polígono número 5 de Navalcán. El exministro de Aznar también tuvo que responder por las protestas que provocaron la instalación de un tendido de suministro eléctrico en un área de gran valor natural.
Lo que está claro es que la sentencia del Tribunal Supremo contra el matrimonio Aznar-Oriol cambia la situación y advierte a la “Escopeta Nacional” que no puede hacer lo que quiera en terrenos de alto valor ecológico o en parques nacionales. Así las cosas, los propietarios de La Ventosilla, La Verdosa, Ciguiñuelas, El Castañar, La Toledana, La Salceda, Valle García, Las Cuevas…deberían tomar nota de la sentencia del Alto Tribunal.
