El Partido Socialista Valenciano ha solicitado este lunes a la Mesa de Les Corts Valencianes la apertura de un expediente disciplinario al asesor de la Presidencia que, el pasado jueves 15 de mayo, ordenó la expulsión de doce activistas LGTBI+ durante el pleno del parlamento autonómico. José Muñoz, síndic del PSPV en Les Corts, presentó un escrito en el que también insta al servicio de seguridad de la cámara a emitir un informe que aclare si el personal eventual de la Presidencia puede desempeñar funciones propias del personal de seguridad.
Los hechos ocurrieron durante una sesión de control al gobierno en la que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero (PP), intervenía en el hemiciclo. Un grupo de activistas LGTBI+ se levantó y se dio la vuelta en señal de protesta, coreando "la llei trans no és toca". La presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), ordenó su expulsión, que se llevó a cabo sin resistencia por parte de los manifestantes.
Muñoz calificó el incidente como "muy grave" y acusó a la dirección de Les Corts de haber convertido la institución en "un cortijo de la ultraderecha", silenciando la voz del pueblo y pervirtiendo el reglamento de la cámara a su antojo. Además, destacó que la expulsión de las entidades LGTBI+ constituye un ataque sin precedentes a un colectivo que lleva décadas luchando por la igualdad real en la Comunitat Valenciana. "Nos hemos encontrado con una derecha que los intimida y ningunea con actitudes impropias para una sociedad democrática como la nuestra", añadió.
El PSPV recordó que los miembros del gabinete de la Presidencia tienen como función principal la asistencia técnica y administrativa a la presidenta en el desempeño de sus responsabilidades, pero en ningún caso pueden ejercer las funciones encargadas al servicio de seguridad o personal de orden de Les Corts.
La reforma de la Ley Trans y la protesta en Les Corts
La protesta de los activistas LGTBI+ estuvo motivada por las modificaciones que el Consell, presidido por el PP, planea introducir en la Ley Trans valenciana de 2017. Entre los cambios propuestos se encuentran la apertura a terapias de conversión voluntarias, la posibilidad de que los padres se opongan al cambio de género de sus hijos adolescentes y la prohibición del abordaje específico de identidad y diversidad sexual en proyectos educativos.
Durante el pleno, el diputado de Compromís Francesc Roig interpeló a la vicepresidenta Camarero sobre estos cambios, advirtiendo que, al respaldarlos, ella cargaría también con las posibles consecuencias de estos cambios. La vicepresidenta replicó acusando a Compromís de inacción ante prácticas de conversión durante su gestión anterior.
La expulsión de los activistas LGTBI+ ha generado una fuerte condena por parte de los colectivos afectados, que consideran que se trata de un retroceso en los derechos del colectivo trans y una vulneración de la libertad de expresión. Además, han denunciado una "ofensiva institucional" por parte del Consell contra los derechos trans y han exigido la convocatoria urgente del Consejo Trans y del Consejo LGTBI para abordar la gravedad de las reformas en marcha.
