Un 60% de los catalanes creen que el Procés no se ha acabado a pesar de la división interna del independentismo certificada por la ruptura entre ERC y Junts que ha dejado al gobierno de Pere Aragonés en franca minoría. Esta sería una de las conclusiones más relevantes y gravosas para el país de la encuesta publicada por El Periódico de Catalunya: la resignación de la mayoría de los catalanes a seguir viviendo divididos en bloques impenetrables. Esta división es la peor consecuencia política y social del Procés, sin embargo, el bloqueo político aplicado a partir de ahí por los partidos independentistas es el único éxito alcanzado por estos al garantizarle una mayoría parlamentaria para gobernar.

El sondeo asienta un panorama electoral casi idéntico al actual. El PSC se consolida como primera fuerza electoral, ERC se distancia un poco de Junts y Ciudadanos prosigue su caída al infierno; el Parlament sería más de izquierdas (90 diputados en el mejor de los casos), los independentistas pasarían de un 48% a un 46% de los votos, pero el gobierno más probable sería un gobierno de ERC con apoyos estables o inestables de Junts y la CUP. La negación de la transversalidad por parte de ERC evitaría un gobierno de republicanos y socialistas que dispondría de una mayoría absoluta holgada en la cámara catalana (71 diputados) y le empujaría a repetir experiencias decepcionantes que han acabado por situar a Aragonés al borde de la convocatoria electoral.

Las tripas de este sondeo confirman el escaso trasvase de votos entre un bloque y el otro, lo que garantiza un nuevo gobierno independentista, aunque sea con modificaciones internas en la correlación de fuerzas. Uno de cada cuatro votantes de ERC y Junts no saben si seguirán votando al mismo partido, lo que tienen más claro es que seguirán votando a un partido independentista. De esta manera, con los precedentes existentes, el horizonte más probable es el del mantenimiento de la inestabilidad gubernamental protagonizada por ERC y Junts, sea cual sea el porcentaje de cada uno de ellos. La CUP sigue gozando de una posición clave: es la garantía para sumar más de 68 diputados. Los antisistema, hasta ahora, a pesar de desentenderse del gobierno, siempre han facilitado la investidura de un presidente independentista por activa o por pasiva. A los pocos meses les retira la confianza, pero no va más allá.

El Procés no ha acercado ni un milímetro la independencia a Cataluña, sin embargo, los partidos soberanistas no lo enterrarán porque les asegura el gobierno autonómico por muchas discrepancias y diferencias personales que acumulen y por mucha indecisión que recojan los sondeos de sus votantes sobre a cuál de las ofertas separatistas votar. Esta perspectiva explica las periódicas subidas de tono de ERC en sus exigencias al PSC; es una manera eficaz de cerrarse la tentación de una colaboración transversal que desbloquearía la política catalana. En el planteamiento soberanista vigente es mucho más grave colaborar con los socialistas catalanes que engañar permanentemente con promesas sobre el advenimiento indiscutible de la república catalana.

El antídoto al crecimiento de la necesidad de romper con los bloques es justamente la pervivencia del Procés, o al menos alimentar la creencia de que así es, como supone un 60% de los catalanes. Durante años, este objetivo se conseguía alentando la teórica inminencia de la llegada del estado propio. Desgastado este argumento, a ERC, el protagonista imprescindible para el cambio de escenario, solo le queda la atribución al PSC de todos los males que acechan a Cataluña para imposibilitar cualquier pacto de gobernación o tan solo de estabilidad con ellos. En este momento, la acusación preferida a los socialistas es la de ser colaboradores imprescindibles de la “represión estatal”, la forma habitual con la que se refieren habitualmente a la acción judicial seguida contra algunos de sus dirigentes, la mayoría por desobediencia o malversación.