El republicano Pere Aragonés ha sido investido finalmente con los 74 votos de la mayoría independentista en el Parlament, cumpliéndose así el sueño de ERC de volver a presidir la Generalitat, 85 años después de la elección de Lluís Companys. Los diputados de En Comú Podem votaron en contra como el resto de la oposición, desoyendo la solicitud del nuevo presidente para que se abstuvieran como señal de buena voluntad para futuros pactos. Jèssica Albiach, dolida por el paripé de una negociación instrumental abierta por ERC con los Comunes para presionar a JxCat, se limitó a considerar al próximo ejecutivo como “un gobierno viejo y resignado” al poder de los de siempre, en referencia al control presupuestario que ejercerán los departamentos dirigidos por JxCat.

El discurso de Aragonés muy grato a sus socios anuncia un fracaso estrepitoso de la mesa de negociación con el Gobierno central, a menos que pasado el trámite de la investidura los republicanos maticen sus exigencias. No es previsible que la moderación dialéctica se imponga a corto plazo. La estabilidad de la vieja coalición que seguirá gobernando la Generalitat con un nuevo presidente depende de que los republicanos asuman el consenso estratégico que va establecerse en una comisión integrada por ERC, JxCat, CUP, Òmnium y ANC.

La composición de esta comisión permite augurar que se mantendrán las expectativas de la vía de la autodeterminación y de la amnistía; siendo lo más previsible que de fracasar en ambos objetivos promueva el embate contra el Estado. Podría suceder que ERC no asumiera cuando toque, dentro de unos meses, el consenso promovido en este cuartel general del independentismo, entonces, cada partido sería libre de volver a sus propuestas, según advirtió Jordi Sánchez, y en consecuencia la continuidad del ejecutivo catalán quedaría en entredicho.

El desenlace de las diferencias crónicas entre unos y otros no es para mañana. Para la próxima semana se espera la formación del gobierno Aragonés que no diferirá demasiado del gobierno Torra, salvo que el nuevo presidente no será un simple vicario de Puigdemont sino la primera autoridad de Cataluña. La retórica del presidente legítimo y el presidente en representación del legítimo decaerá y con ella buena parte de la proyección de Puigdemont, quien ni siquiera se pronunció sobre el pacto negociado entre ERC y JxCat. En este sentido, está por comprobar el alcance de la renuncia de Elsa Artadi a la vicepresidencia y al departamento de Economía del nuevo gobierno, saber si se trata de una actitud personal de quien negoció buena parte del pacto o responde a una decisión del circulo próximo a Puigdemont de no participar en el ejecutivo presidido por ERC, cuyo horizonte está fijado en dos años.

El debate de investidura ha servido para que Aragonés desarrollara su concepto de “sacudida al país” que quiere materializar a partir de cuatro grandes transformaciones: social, verde, feminista y democrática, con el “único límite de la voluntad popular de Cataluña”. Aunque su obsesión explicitada repetidamente es “culminar la independencia”, lo que en principio sería sinónimo de una larguísima presidencia.

Para culminarla la creación de la república catalana lo antes posible, aludió a la necesidad de avanzar “como un solo pueblo”, reinterpretando la tradicional expresión integradora de la izquierda catalanista, “Cataluña un solo pueblo”, obviando que en este solo pueblo hay muchos catalanes que no son independentistas. Quizá en la emoción del discurso confundió el pueblo catalán con el pueblo independentista, practica muy habitual por otra parte, aunque bien pudiere ser que el nuevo presidente crea que formar parte del único pueblo catalán sea un privilegio reservado a los independentistas lo que nos llevaría muy lejos en las consecuencias de tal creencia. También reinterpretó el sentido histórico del catalanismo político, asociándolo al independentismo, un atrevimiento comparable al que suele protagonizar Carlos Carrizosa al equiparar nacionalismo e independentismo. 

El jefe de la oposición, el socialista Salvador Illa, advirtió de la frustración de mantener la amenaza del embate contra el Estado de no ceder el Gobierno Sánchez a las exigencias autodeterministas, aunque introdujo en su nuevo discurso una oferta de colaboración para todo lo que fuera lucha contra el virus, gestión de los fondos europeos, pactos nacionales de carácter social o negociaciones sobre financiación y presupuestos. En contrapartida, pidió a Aragonés que levantara el veto al PSC acordado con JxCat y la CUP pocos días antes de las elecciones.

La respuesta fue tibia porque en la lógica de los partidos independentistas el PSC es responsable de las resoluciones del Tribunal Constitucional y de la aplicación del 155. De todas maneras, la condición de primer partido de la cámara otorga al PSC una posición determinante en muchos acuerdos parlamentarios para las renovaciones institucionales pendientes desde hace años. Comenzando por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de gran interés para los partidos del gobierno. Por eso Illa sabe que deberán descolgar el teléfono, pero sin cámaras y micrófonos.