Con el telón de fondo de la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Valenciana del Gobierno de Carlos Mazón para este año, el Partido Popular y Vox han impulsado este jueves hasta 35 enmiendas incluyendo, entre sus diversas propuestas, la creación de una oficina anti-okupación de vivienda, la posibilidad de restaurar elementos de "concordia" (séase, de memoria democrática) en su ubicación original y la realización de pruebas médicas para determinar la edad de los menores migrantes no acompañados.
La comisión de presupuestos, que ha tenido lugar este jueves en Les Corts Valencianes, ha debatido este proyecto de ley de acompañamiento elaborado por la Generalitat de Mazón. En este sentido, el resultado ha salido en favor de PP y Vox, por su previo pacto para sacar adelante las cuentas autonómicas, y en detrimento del PSPV y Compromís, cuyas propuestas han quedado tumbadas.
Así las cosas, se ha dado luz verde a la mayoría de las enmiendas registradas en solitario por PP y Vox y se han transaccionado 35 (29 de Vox y seis del PP), lo que supone una tercera parte de las 110 propuestas presentadas inicialmente por estos grupos. Por contra, ni PSPV ni Compromís han visto sus más de 300 enmiendas estancadas.
Puntos clave de las enmiendas de PP y Vox
Entre las transaccionadas por PP y Vox, se incluye la creación de una oficina especializada para asesorar y "acompañar a todas las víctimas" frente a la okupación ilegal, formada por funcionarios de la Generalitat. Una medida que va de la mano del programa que presentó Vox Valencia al respecto: los de Santiago Abascal planteó reducir en 200.000 euros la subvención a la Federación de Asociaciones Gitanas para reasignarlo a “víctimas de la okupación”.
Bajo la premisa de la inmigración, y siguiendo la estela marcada por Vox en esta materia, otra de las enmiendas transaccionadas radica en la elaboración de “pruebas exhaustivas para determinar la edad de los supuestos menores extranjeros no acompañados que lleguen” a la autonomía, así como un “protocolo de atención específico” para realizarles "una exploración médica básica que permita conocer su estado de salud" y "un protocolo general para determinar fielmente su edad".
Otra de ellas establece que "todos los elementos, monumentos o cruces ubicados en la Comunitat Valenciana" deberán "entenderse como elemento de concordia, como símbolos de memoria colectiva, reflexión y homenaje a todas las víctimas, desde una perspectiva de convivencia democrática y respeto a los derechos fundamentales", en base a la Ley de Concordia aprobada en 2024 por ambos grupos. Se dicta que los ayuntamientos o la Generalitat "podrán restaurar en su emplazamiento original aquellos elementos retirados, siempre que su nueva contextualización respete los principios de la concordia democrática y no suponga vulneración de los derechos de las víctimas".
En lo que concierne a igualdad, se han aprobado cambios en la Ley Trans de 2017, defendiendo así este derecho "en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales" rezando que no "patologice o someta a condición de perjuicio" a las personas. "Asociaciones de pediatría y otras organizaciones médicas afirman que la única evidencia sólida con respecto a las intervenciones de cambio de sexo en menores es el riesgo muy grave que representa para la salud de los niños, y recomiendan esperar a la edad adulta para tomar estas importantes decisiones", reza esta enmienda, indicando a su vez que "las persona que manifiestan su condición de trans no son un colectivo homogéneo", se apuesta por "normalizar" la identidad trans y se prohíben "las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación".
Los populares también han dado luz verde a las propuestas de Vox para elevar de 500.000 euros a un millón el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio y para retirar la exención de tasas a entidades de carácter humanitario sin fines lucrativos que necesiten situarse en espacio portuario por "necesidades de funcionamiento", salvo Cruz Roja.
Ambos partidos han transaccionado una enmienda sobre la Agencia Valenciana Antifrau (AVAF) para suprimir el consejo de participación aprobado en 2019 y para establecer que el cese de su director será aprobado por una mayoría de tres quintas partes de Les Corts solo en el caso de una "negligencia notoria y grave".
Una de las enmiendas de aproximación establece que las iniciativas legislativas populares (ILP) registradas en Les Corts antes de los cambios planteados por el PP, como no poder modificar la Ley Electoral, se regirán por la normativa vigente en su momento. De esta forma se podría tramitar la ILP registrada por la Unió Municipalista para reducir del 5% al 3% la barrera electoral. En abril, el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, advirtió que peligraba el Gobierno con el PP en la Diputación de Valencia ante estos cambios.
Con respecto a la DANA, otra enmienda inscribe la posibilidad de suspender la explotación de máquinas recreativas de azar destruidas o dañadas. Se bonificará en el 100% la cuota íntegra del tributo sobre los juegos de azar en la parte que corresponda al periodo de suspensión.
A su vez, PP y Vox han acordado una enmienda a la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana para añadir que la competencia lingüística en los conocimientos del valenciano podrá valorarse "especialmente" por su relación directa con las funciones y tareas a desempeñar en el puesto convocado.
Propuestas “casposas” por “la puerta de atrás”
Con el telón de fondo de estas medidas, el debate en Les Corts ha trascurrido en tono caldeado entre oposición y Consell. Desde el PSPV, el diputado José Díaz ha vuelto a definir la sintonía del PP y Vox como "el pacto del Ventorro", y ha afeado que no apoyen sus 132 propuestas. Además, ha definido la ley de acompañamiento como "la factura" que deben pagar los populares por contar con el respaldo de Vox: "Un 'bizum' de indignidad", ha reprochado.
Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, les ha acusado de tumbar sus enmiendas sin estudiarlas y ha lamentado las propuestas "casposas" de estos grupos, con cambios "por la puerta de atrás" y la eliminación de la posibilidad de comparar viviendas con los derechos de tanteo y retracto.