La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reorganizado su Gobierno al mismo momento en el que el juez que instruye el caso Dina, Manuel García-Castellón, ha enviado una exposición de 63 páginas al Tribunal Supremo en la que solicita que abra una investigación al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por su papel en la pieza que instruye. García-Castellón le achaca los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y de daños informáticos al dirigente de Unidas Podemos. El magistrado eleva al Tribunal Supremo el caso debido a su condición de aforado, por el delito de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa por su presunta implicación en la 'pieza Dina' que se investiga en el marco del conocido como 'caso Villarejo'.

Mientras esto ocurría, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid reorganizaba por octava vez desde que empezó la pandemia su Ejetutivo. De esta forma, Ayuso ha nombrado dos nuevos viceconsejeros en Sanidad y Educación, áreas "clave" para hacer frente a la pandemia del covid-19, según fuentes del Ejecutivo madrileño.

Por ello, Juan González Armengol, hasta ahora jefe de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha sido propuesto como nuevo consejero de Asistencia Sanitaria, puesto que hasta ahora ocupaba Ana Dávila, cesada por Ayuso en plenas tensiones por las restricciones. Para entender el departamento y su importancia cabe señalar que, entre otras funciones, dirige el Servicio Madrileño de Salud, con un papel estratégico en las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para frenar los contagios de coronavirus.

Mientras tanto, Nadia Álvarez, que hasta ahora estaba en la Dirección General de Administración Local, dependiente de la Consejería de Vivienda y Administración Local, pasa a ocupar la Viceconsejería de Organización Educativa. Su experiencia en relación con los ayuntamientos es fundamental para las tareas necesarias que implican cambios y adaptación de infraestructuras educativas y modelos a implantar en la evolución epidemiológica del virus.

El tercer nombramiento de la mañana ha sido el de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, que estará pilotada por Carlos Díaz-Pache, un puesto que hasta ahora ocupaba Eugenio Fontán y que obliga a Díaz-Pache a abandonar su cargo como diputado. Un cargo clave en las consecuencias del Bréxit en la región y el reparto del fondo de recuperación y resiliencia presentado por el Gobierno. Pero no es el único. La salida del ya director general de Cooperación con el Estado y la Unión Europea ha provocado que al correr la lista Jaime González Taboada, investigado por corrupción, se convierta en aforado.

Un nuevo diputado señalado por corrupción

El mismo juez que señala a Pablo Iglesias es el que ha ordenado que el exsenador por designación provincial y actual diputado de la Asamblea de Madrid, David Erguido, tenga que acudir a declarar.

Tras una petición de investigación que destapaba este medio, Erguido ha tenido que dimitir como senador dejar de ser aforado en el Tribunal Supremo. A cambio, ha mantenido su puesto como diputado autonómico en la Asamblea de Madrid para ser juzgado, si procediera, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, más favorable que el Supremo

Mientras tanto, el también investigado exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, sería el siguiente en la lista del PP madrileño ya que la barrera del diputado que la impedía convertirse en diputado ha pasado. De esta forma estrenaría cargo como diputado y por tanto, de aforado. Por ello se situaría en la misma situación legal que Erguido. 

Corrupción mediante la empresa Arpegio

Durante sus años en la Dirección General de la Administración Local, Taboada comenzaba su relación con los planes Prisma (Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid), que gestionaban la empresa pública Arpegio.

Según la información recogida en 2017 tras diferentes registros domiciliarios en búsqueda de pruebas sobre varios contratos de Arpegio, se encontró documentación que decía que vulneraban la Ley al, supuestamente, aprobar pliegos y controles de legalidad. Función que corresponde siempre, según la ley, a la Comunidad de Madrid. De esta forma, Arpegio dominaba todo el proceso de preparación y adjudicación de contratos y mantenía bajo control las decisiones indiciariamente amañadas sobre los negocios del suelo madrileño y de las obras y servicios financiados con cargo a los Planes Prisma.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el PP de Madrid y el gabinete de Isabel Díaz Ayuso, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.