Este viernes en la Comunidad de Madrid se ha consumado el primer retroceso en derechos LGTBI en democracia. Se ha consumado con la aprobación de las reformas de las leyes autonómicas Trans y LGTBI, con un gran retroceso en materia de derechos para este colectivo. Además, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha protagonizado un momento de menosprecio hacia las personas trans y el colectivo en general.

Ha sido mientras se debatían las cuestiones en la Cámara autonómica, y tras la intervención de la diputada de Más Madrid Carla Antonelli, primera diputada trans en España, cuando ha tomado la palabra Mónica Lavín, del grupo parlamentario popular, para defender estas reformas, y los diputados de las bancadas de la izquierda han sacado a relucir las banderas de la comunidad LGTBI. Tras ello, el presidente de la Cámara ha pronunciado: “Por favor señorías, bajen las banderas”.

La contundente intervención de Antonelli

La diputada regional de Más Madrid Carla Antonelli ha tildado a Isabel Díaz Ayuso, de “mala persona” y “vengativa” por impulsar la modificación de las leyes trans y LGTBI que se finalmente ha aprobado en el Pleno extraordinario que se ha celebrado este viernes.

Antonelli ha llamado a Ayuso “mala persona” y “vengativa”, al tiempo que ha asegurado que “el acto que se va a consumar aquí es de cobardes y de miserables” ya que “se ha retorcido el reglamento por la puerta de atrás”. En ese sentido, ha criticado que se haga en un día “en el que toda España está pendiente de la lotería Nacional”, a “hurtadillas y escondidas”

Cuando concluyó y volvió a su escaño, todos los diputados autonómicos de Más Madrid sacaron y mostraron banderas del colectivo LGTBI en apoyo a la intervención de Antonelli, para que luego tras sacarlas varias veces Ossorio decidiera pedirles que no las mostraran más.

La reforma de Ayuso en las leyes

Sin duda, el punto que más polémica ha causado en el pleno de este viernes es el de la derogación parcial de las leyes Trans y LGTBI. El Partido Popular sostiene que se trata simplemente de una "modificación" de las normativas autonómicas consensuadas en 2016, tras escuchar a "expertos y asociaciones". Eso sí, sin contar con asociaciones y colectivos LGTB a los que han negado reuniones. Por ejemplo, COGAM solicitó una reunión el pasado 2 de octubre y a 22 de diciembre, el mismo día que se aprueba la reforma, no ha habido respuesta.

A los que sí ha escuchado el PP es a la Agrupación Amanda, un lobby transfobo que centra su atención en un tema minoritario: los "desistidores". ¿Qué quiere decir ese término? Personas que han realizado la transición y luego, tal y como dicen, "se arrepienten". Una de las asociaciones mayoritarias, la Fundación Chrysallis ya ha denunciado que para reformar la norma el Gobierno de Ayuso solo ha buscado respaldo entre personas tránsfobas o ultracatólicas para justificar los cambios. No obstante, no ha podido incluir muchas de las medidas que planteaban y han tenido que presentar enmiendas a su propio texto - el mismo que según Ayuso lleva listo para ser aprobado desde marzo - por tener incorrecciones y falta de seguridad jurídica.

El PP, no obstante, insiste en que se trata solo de una modificación de las leyes aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes.

En los colegios, si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, pero será, por ejemplo el profesor, el que elija por él si puede usar un vestuario masculino o femenino. Una cuestión que puede ser problemática para el menor en caso de que se encuentre con un responsable que no le permita ir al vestuario o al baño en el que se sienta más cómodo y le corresponde.

Tampoco queda nada del plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios. La norma elimina de los planes de estudio los contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI y la formación de los profesores en esta materia. Además, los medios de comunicación públicos no estarán obligados a contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual, y la Comunidad no proporcionará medios a los ayuntamientos para programas destinados a este colectivo.

También decaen herramientas validadas por varias sentencias judiciales, como la inversión de la carga de la prueba.