La designación de los dos únicos directivos de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona, creada en 2015, nunca ha logrado cumplir con la imparcialidad y objetividad que se les pedía a sus dirigentes. Los lazos políticos con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de los máximos responsables que han pasado por esta agencia han acabado por dejarla sin rumbo desde 2018 después que dimitiese su última responsable y el puesto aún siga vacante.
El primer director con el que contó la Oficina de Transparencia del Ayuntamiento fue Joan Llinares en 2015, que tras dos años en el cargo pasó a dirigir la Oficina Valenciana de Antifraude (OVA). Su nombramiento siempre estuvo bajo sospecha, ya que la objetividad y la independencia que se le requería para ocupar el cargo siempre estuvo en tela de juicio. Llinares nunca amagó su admiración por Ada Colau. Su rastro público por las redes sociales así lo demuestra, ya que en su perfil de Facebook llegó a publicar contenidos donde mostraba su afinidad con los comunes y la órbita de Podemos. En sus publicaciones, incluso llegó a deslegitimar el trabajo de la policía, asegurando que estaba “al servicio de la mafia”. Además, entre otras manifestaciones no exentas de polémica, llegó a cuestionar la imparcialidad del poder judicial.
Lo más significativo es que cuando Llinares fue propuesto para ocupar en 2017 la dirección de la Oficina Valenciana Antifraude, borró todo rastro de su actividad en sus perfiles de redes sociales, para que no se le vinculase con el entorno de Podemos y ello pudiera suponer un problema para su designación.
Dudas en la gestión
No solo el nombramiento de Llinares como director de la Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona salió salpicado, sino también su labor al frente de ella. Colau le pidió que fuera responsable de desarrollar la política de transparencia municipal, así como la de coordinar la asesoría jurídica consistorial como jefe de los Servicios Jurídicos y Transparencia del Ayuntamiento. El cometido de Llinares, que aceptó el cargo en julio de 2015, era el de desplegar la nueva Oficina de Transparencia y un nuevo código ético municipal, pero la puesta en marcha de todas estas políticas nació en punto muerto. El organismo creado por Llinares inició su andadura con claros signos de parcialidad a través de su consejo asesor que teóricamente debía estar formado por expertos independientes. Lo cierto es que este consejo estaba integrado por personalidades políticas y activistas como el exdiputado de la CUP, David Fernández, el miembro de la plataforma anticapitalista Auditoria Ciudadana por la Deuda, Enric Pons, o la defensora de derechos digitales de la plataforma XNet, Simona Levi.
Además, la creación de la Oficina de Transparencia en el Ayuntamiento de Barcelona por parte de Llinares estuvo manchada por la opacidad a la hora de designar a los técnicos que conformarían el nuevo organismo municipal. Se dijo en un inicio que darían a conocer los criterios por los que se escogerían a un total de 56 funcionarios de la nueva Oficina, pero estos criterios nunca llegaron a trascender a la opinión pública.
Más vínculos con Colau
La ideología pro Podemos de Joan Llinares también quedó patente en la que fuera su número dos en la Oficina de Transparencia de Barcelona. Se trata de Silvia Vèrnia, una funcionaria del Ayuntamiento de la ciudad condal que fichó en 2016 por Llinares, con el beneplácito de Colau, como directora de análisis de la recién estrenada oficina. Vèrnia ya había mostrado en el pasado claras sintonías políticas con la alcaldesa de Barcelona, tras haber participado en 2013 con Colau y su pareja, Adrià Alemany, en la redacción de un informe que llevaba por título “Emergencia Habitacional en el Estado Español” y que fue publicado por el Observatorio DESC, la ONG en la que trabajó Colau antes de lanzarse a la política. Sin ir más lejos, la afinidad de Vèrnia por Colau va aún más allá ya que por su rastro en las redes sociales se desprende que está interesada en cuestiones ideológicas próximas a las de Colau, como la tributación en el sector del agua y su regulación.
La estancia en el Ayuntamiento de Barcelona tanto de Llinares como de Vèrnia no duró mucho tiempo. Mientras Llinares apenas estuvo dos años en el puesto como máximo responsable, entre 2015 y 2017, Vèrnia estuvo un año en el cargo, hasta 2018, tras sustituir en 2017 a Llinares como director de la Oficina. Previamente, Vèrnia había estado entre 2016 y 2017 como directora de análisis de la misma oficina.
Un organismo prácticamente dasarticulado
En la actualidad, el mismo organismo está prácticamente desarticulado, ya que tras la marcha de Llinares y Vèrnia, Colau no ha nombrado un nuevo director para el ente. De los 56 funcionarios que prometían incorporar tan solo hay cuatro por ahora, lo que ha provocado que hayan más de 2.000 expedientes acumulados sin resolver. Por esta razón, la oposición ha cargado reiteradamente contra el gobierno municipal, acusándoles de eliminar uno de los organismos principales de control y fiscalización que pretendía crear el ayuntamiento.
Casualmente o no, el destino de ambos acabó en Valencia, en la Agencia de Antifraude de la Comunitat Valenciana creada en 2017. Primero, Joan Llinares como director de la oficina, escogido en las Cortes Valencianas por los partidos que integran el pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos) y luego Vèrnia, como directora de Prevención, Formación y Documentación en la propia AVA. No obstante, no tardó mucho en abandonar la posición ya que en junio de 2021 pasó a incorporarse a la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana.
